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El control de las cuentas del Estado

La gran mutualización

La deuda pública española supera el 100% del PIB por vez primera en un siglo, impulsada, entre otros factores, por la colectivización de riesgos privados contraídos durante la "burbuja"

La gran mutualización

La deuda pública española, que apenas representaba el 39,5% del producto interior bruto (PIB) nacional cuando en 2008 se desencadenó la crisis económica -era 22 puntos inferior al promedio de la UE (61,5%) y se situaba en la mitad del "ranking" de los entonces 27 países de la Unión-, es hoy la séptima mayor de la UE, desde 2013 rebasa con amplitud el promedio europeo y culminó el pasado mes de marzo en el entorno del 101% del PIB, un nivel desconocido por España desde 1909, entonces a consecuencia del Desastre de 1898.

El virulento y vertiginoso crecimiento del endeudamiento soberano español durante la Gran Recesión de 2008-2014 es un ejemplo de manual de la colosal transformación en deudas públicas a la que propenden los débitos privados en periodos críticos de hundimiento de la actividad económica, de acuerdo con el principio de que las deudas privadas tienden a convertirse en obligaciones colectivas.

Esta gigantesca mutualización se produjo en todos los países avanzados. Durante esta crisis los endeudamientos estatales crecieron de media en el mundo desarrollado el 51%, según el Instituto Global McKinsey, y esto al tiempo que se aliviaban, aunque con mucha menos intensidad, los apalancamientos privados, en parte como consecuencia de la transferencia de quebrantos a los Estados desde el ámbito de las familias, las empresas y los bancos. Como aseguró el Banco de España en su boletín del pasado verano, "una de las principales consecuencias de la crisis económica y financiera ha sido el incremento de las ratios de endeudamiento público de los países desarrollados hasta niveles que representan en muchos casos máximos históricos".

En España el fenómeno ha sido mucho más raudo y mucho más intenso como consecuencia de algunos rasgos específicos, el principal de los cuales fue la monumental acumulación de deudas en la que incurrieron los ciudadanos y las empresas con la banca y con los mercados de capitales, y la de los bancos con los mercados internacionales mayoristas para financiar un modelo de crecimiento (el de 1998-2008), que se fundamentó en una gigantesca asunción de débitos, la confianza en una revalorización persistente de activos que respaldara ese riesgo, una saldo exterior por cuenta corriente deficitario y creciente (llegó a ser de 100.000 millones anuales) y una vorágine especulativa cuya eclosión se llevó por delante la solvencia de miles de familias, empresas y entidades financieras y puso en gravísimo aprieto (especialmente en julio de 2012) la del propio Tesoro español.

Por consiguiente, el primero de los muchos mitos de la crisis es el que atribuyó el alza súbito e indomable de la deuda estatal a partir de 2008 al supuesto carácter manirroto del Gobierno de turno por su gasto negligente y licencioso. Que la tesis era inconsistente lo demuestra que la deuda ha seguido creciendo de forma desbocada. Pese a seis años consecutivos de recortes y de austeridad, pese a la mayor subida de impuestos de la democracia (hubo 50 alzas tributarias desde diciembre de 2011), pese a las compras masivas de deuda soberana por el Banco Central Europeo (lo que ha permitido doblegar las primas de riesgo y bajar los intereses que paga el Estado a sus prestamistas, hasta situarlos en tipos negativos en algunos tramos), pese a un crecimiento del PIB del 3,2% el año pasado (el octavo mayor de la UE) y pese a la reducción del gasto en desempleo por la disminución del paro y por la menor tasa de cobertura y protección de los parados, la deuda pública ha escalado hasta superar el 100% del PIB y se ha situado en más de 1,095 billones.

De modo que si durante la crisis la deuda creció en 353.642 millones de euros con Zapatero, con Rajoy aumentó (pese a las mejores condiciones del entorno) en 351.828 millones. Intentar explicar este inusitado ascenso de la deuda por un importe de 705.470 millones atribuyéndolo -como se hizo- a las políticas de estímulo fiscal de 2008-2009 (26.000 millones) es quimérico, y más porque, como dijo Mariano Rajoy en Bruselas el 19 de octubre de 2012 a propósito del aumento de la deuda soberana española por la petición de rescate financiero a Europa, "40.000 millones son sólo 4 punto de PIB".

Estabilizadores automáticos. En realidad, lo que ha estado ocurriendo en estos años es, junto con otros factores coadyuvantes, una magna colectivización de riesgos, pérdidas y deudas privados. Esta socialización se produce por muchas vías, algunas de las cuales se activan sin que nadie lo decida, porque forman parte de los resortes que desencadena la propia economía para forzar su reequilibrio y atenuar las fases del ciclo.

Estos estabilizadores automáticos son fundamentalmente el hundimiento de los ingresos tributarios, el gasto público en protección de los parados e incluso el ahorro de las empresas y familias para intentar restablecer su solvencia y liquidez. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), más de la mitad del aumento de la deuda pública mundial (creció en 25 billones entre 2007 y 2014) obedeció a estos mecanismos.

En España el efecto fue mucho mayor porque el endeudamiento de empresas, ciudadanos y sistema financiero era enorme (286% del PIB en 2007, según el FMI) y porque el endeudamiento del conjunto de la economía española con el resto del mundo era, según el Fondo, el segundo mayor del planeta en términos brutos y es, según Eurostat, el quinto mayor de la UE en términos netos.

El hundimiento de los ingresos tributarios también fue más gigantesco en España. El Estado dejó de recaudar de forma súbita 70.000 millones de euros anuales (7 puntos de PIB), la mayor pérdida de ingresos públicos del mundo avanzado, dijo la OCDE en diciembre. En ello fueron determinantes la mayor destrucción de empresas (por el elevado endeudamiento societario, por su acusada dependencia de la demanda interna y por su excesiva exposición a la "burbuja" inmobiliaria), lo que supuso un retroceso del 64% en la recaudación del impuesto de sociedades, además de los efectos sobre el IRPF y el IVA por el ascenso meteórico del paro (el segundo más alto de los países avanzados) a consecuencia de la peculiar capacidad española para crear y destruir más empleo por unidad de PIB que otros países análogos.

El aumento desaforado del desempleo (3,5 millones de personas), atribuible en un alto porcentaje a la explosión de la "burbuja" gestada en 1998-2008, espoleó a su vez el gasto público hasta los 35.000 millones anuales sólo por este concepto. En conjunto, los ingresos se hundieron en 7 puntos de PIB y los gastos se dispararon otro tanto, lo que abrió una sima de 14.000 millones al año.

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