La regasificadora gallega de Mugardos (Ferrol) obtendrá una nueva autorización administrativa por una vía extraordinaria de urgencia y sin necesidad de paralizar su funcionamiento si sale adelante el procedimiento que el pasado viernes aprobó el Consejo de Ministros: liberar del trámite de evaluación de impacto ambiental a la planta gallega, que funciona desde 2007 con una autorización que el pasado marzo fue anulada por el Tribunal Supremo debido a irregularidades urbanísticas.

La situación administrativa de la regasificadora gallega, propiedad de la sociedad Reganosa (participada por la Xunta de Galicia), guarda similitudes con la de la planta gijonesa de El Musel, cuya autorización también ha sido anulada por una infracción de la distancia legal con las zonas pobladas. Enagás, propietaria de la instalación asturiana, ha iniciado una nueva tramitación para regularizar el complejo, aunque no podrá esgrimir las mismas razones de seguridad energética que fundamentan la decisión sobre Mugardos.

El acuerdo del Consejo de Ministros destaca que el funcionamiento de la regasificadora gallega es clave para el suministro de gas a la zona Noroeste de España y también a Portugal. En cambio, la planta asturiana permanece sin actividad ("hibernada") desde 2012 con el argumento de que, ante la caída de la demanda energética y el exceso de infraestructuras, su funcionamiento no es necesario para el sistema gasista.

Los informes en los que se ha basado el Gobierno para tomar la inusual decisión de soslayar el trámite ambiental de la regasificadora gallega alegan que el cierre de la instalación amenazaría el suministro de gas en las provincias gallegas, pero también en Asturias, León y Zamora. Los documentos hacen referencia a que el gas que entra por la planta situada en la bahía de Ferrol contribuye a cubrir la demanda asturiana, en particular la de los ciclos combinados (centrales alimentadas por gas natural) de Soto de Ribera.

Los citados informes también aluden a que la posible desconexión de la regasificadora coruñesa obligaría a aumentar el tráfico de camiones cisterna de gas en la zona de influencia de la planta, circunstancia que aumentaría los riesgos en la red vial.