El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) retrasó la edad legal de jubilación (aumento progresivo de los 65 a los 67 años) y modificó el cálculo de las pensiones ampliando el período de cómputo. El Gobierno de Mariano Rajoy (PP) recortó también la generosidad del sistema desligando la revalorización de las prestaciones de la inflación e introduciendo un "factor de sostenibilidad" que a partir de 2019 vinculará la cuantía de la nómina de los nuevos beneficiarios a la esperanza de vida. Después de tales ajustes, todos realizados por el lado de los ingresos de los jubilados, el próximo Gobierno heredará la Seguridad Social con una expectativa de "déficit crónico", con el Fondo de Reserva reducido a la mitad (de 66.815 millones en 2011 a 32.481 en 2015) y con la necesidad de afrontar nuevas reformas cuyo alcance divide a los políticos y también a los especialistas del mundo académico.
El agujero. Con el producto interior bruto (PIB) creciendo al 3,2% y medio millón de personas más con trabajo en un año, la Seguridad Social tuvo en 2015 un desfase récord de 11.202 millones. Si se considera de manera aislada el sistema de pensiones, su déficit de caja superó los 15.000 millones, como resultado de un mayor gasto del 3,4% y de un aumento de los ingresos en cotizaciones del 1,3%. El incremento del coste en prestaciones fue más contenido que en los años precedentes, por los efectos de las reformas, en particular por la revalorización mínima del 0,25% que han tenido los pensionistas. La mejora de los ingresos por cotizaciones se quedó muy por debajo de la presupuestada por el Gobierno (casi el 7%). Ese magro aumento se explica en parte por el deterioro de las bases de cotización: el país crea empleo y la Seguridad Social tiene más afiliados, pero los sueldos son más bajos (fruto del proceso de devaluación salarial impulsado a través de la reforma laboral) y con ello se resienten los ingresos del sistema.
Aunque puede presentarse como un problema coyuntural, derivado del momento económico, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (vigilante de las cuentas públicas) ha advertido de que la Seguridad Social afronta un problema de "déficit crónico" de entre 10.000 y 12.000 millones al año. Y los expertos insisten en que el sistema sigue con problemas severos de viabilidad ante el raudo envejecimiento demográfico que en las próximas décadas reducirá en ocho millones el número de españoles en edad de trabajar y elevará en la misma medida los ciudadanos que superarán los 67 años . El economista Juan Ignacio Conde-Ruiz lo formula así: "El gasto seguirá aumentando debido a la jubilación de la generación del baby boom, mientras que los ingresos permanecerán constantes (en relación al PIB), por lo que el déficit del sistema seguirá aumentando incluso cuando España salga de la crisis".
La caja. El hacendista y catedrático vasco Ignacio Zubiri pertenece a una corriente de intelectuales que considera que, tras los ajustes de estos años en la generosidad de las pensiones (se estima que a medio plazo la reducción de las prestaciones será superior al 30%), toca actuar por el lado de los ingresos. "Los pensionistas ya han pagado más de lo que deben", explica a preguntas de este diario. Su opinión se apoya, ente otros, sobre argumentos de enjundia más que económica y que también ha utilizado Conde-Ruiz en sus publicaciones: no es social ni políticamente sostenible seguir reduciendo la generosidad del sistema.
Ahora bien, ¿cómo llenar la caja de las pensiones? Camino de las elecciones, estos días se han fijado dos posiciones que enmarcan el debate en términos políticos: la propuesta del PSOE de crear un nuevo impuesto para reforzar la financiación de las pensiones y la réplica del PP, que lo excluye y fía la sostenibilidad del sistema al crecimiento económico y a la creación de empleo.
"Crear empleo es una ayuda importante para sostener las pensiones, pero es imposible que, especialmente en el largo plazo, sea la solución. Apelar a la creación de empleo como única vía para mantener la pensiones es, como poco, engañoso", opina Ignacio Zubiri. Sus cuentas son las siguientes: para sostener las pensiones a corto plazo, España necesitaría por lo menos 1,8 millones de empleos adicionales en cinco años y de buena calidad, "algo poco probable"; para mantenerlas a largo plazo (horizonte de 2050), harían falta 12,5 millones de empleos más, de modo que España, con 45 millones de personas, debría tener 32 millones de ocupados, "algo imposible", concluye el catedrático.
Los impuestos. Ignacio Zubiri está entre los partidarios de reforzar el sistema de las pensiones con impuestos. Su propuesta es cercana a la del PSOE (establecer un tributo sobre la riqueza), aunque de mayor amplitud: por un lado, crear un impuesto para las pensiones "que recaiga sobre bases distintas al trabajo" (riqueza, rentas no salariales, ventas empresariales...), por otro, que al mismo tiempo el Estado "se comprometa a financiar el posible déficit resultante con impuestos generales".
Santiago Álvarez, hacendista asturiano y profesor de la Universidad de Oviedo, ve inconvenientes de calado en la vía tributaria, contradicciones con la naturaleza misma del modelo español de pensiones, dice. "Nuestro sistema es de tipo profesional, de modo que la cuantía de la pensión está ligada a la trayectoria del trabajador; eso sólo tiene lógica si la financiación es por cotizaciones; si se hace con impuestos, el resultado puede ser regresivo". Álvarez se refiere a que financiar parte de las pensiones por ejemplo con el IVA o el IRPF supondría desviar renta de las personas con recursos modestos que pagan esos tributos a pagar pensiones de personas jubiladas que pueden tener rentas mayores".
Tal problema de regresividad no existiría si el impuesto fuera específico para las pensiones y gravara a personas o sociedades con altos niveles de riqueza. Pero Santiago Álvarez también identifica ahí un problema: "Ningún impuesto sobre el patrimonio recaudó en España más de dos mil millones de euros; intentar recaudar 14.000 o 16.000 millones para las pensiones es imposible sin correr el riesgo de quedarse sin contribuyentes con rentas altas o de cargar el coste sobre las clases medias".
"Necesitamos un debate más profundo, de diseño del sistema", concluye Santiago Álvarez. Apunta hacia otra discusión también viva entre los expertos y que en alguna medida podría suscitarse tras el 26-J: avanzar o no desde el modelo contributivo actual, en el que cada jubilado cobra según su carrera profesional, hacia otro llamado universal en el que todos reciben una prestación básica semejante.
