Miles de bloques de viviendas de la región deberán pasar un examen técnico en los próximos dos años para evaluar si aprueban en eficiencia energética, si sus accesos son los correctos o si la estructura del inmueble está en buenas condiciones. Será el resultado de una norma que ultima el Principado, para desarrollar otras de ámbito estatal y europeo, y que concierne a aquellos edificios que hayan superado los cincuenta años de antigüedad, excluidas las casas unifamiliares. Las inspecciones, a cuenta de los propietarios, habrán de ser realizadas por arquitectos o aparejadores. En caso de apreciarse anomalías, la normativa obliga a las comunidades de vecinos a reparar las deficiencias que se hayan detectado, y en caso de incumplimiento podrían llegar a imponerse sanciones, sostienen los técnicos. Miles de bloques que suman más de 100.000 viviendas podrían tener que someterse a una inspección que en alguna medida recuerda a la ITV de los coches.
Por el momento, señala Daniel Araujo, de IEE Asturias, una de las empresas dedicadas a realizar estas evaluaciones, el informe de evaluación de edificios sólo es de hecho obligatorio para aquellas comunidades de propietarios que solicitan algún tipo de subvención. Según otras fuentes, también se hacen cuando las compañías aseguradoras lo exigen para contratar una póliza. A partir de que la nueva norma se ponga en marcha, la evaluación será obligatoria para todos los edificios de viviendas que superen el medio siglo. El proyecto legal que el Principado tiene en información pública establece que el plazo para realizar las inspecciones finalizará el 27 de junio de 2018. Los propietarios dispondrán por tanto de poco más de dos años.
Una norma análoga lleva varios años aplicándose en otras autonomías. En 2012, la por aquel entonces consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, anunció una regulación inminente sobre la inspección de edificios en Asturias, que finalmente no se concretó. Así que, según todas las fuentes consultadas, son muy pocas las construcciones asturianas con más de 50 años que tienen pasado el examen. Al contrario de lo que ocurre en comunidades como Madrid, Cataluña o la vecina Castilla y León.
Uno de los propósitos de esta "ITV" para bloques de viviendas es que la Administración tenga un control mucho más exhaustivo del estado de los edificios ubicados en la región. "La Unión Europea está presionando, por ejemplo, para que se dé un paso hacia una mayor eficiencia energética", señala el decano del Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparejadores del Principado, Joaquín Antonio Suárez Colunga, uno de los gremios que se harán cargo de las evaluaciones.
Los inmuebles que superan el medio siglo suelen presentar algunos problemas habituales, señalan los profesionales del sector. Por ejemplo, la evaluación técnica pone el acento en que deben tener unas buenas condiciones de accesibilidad, algo en lo que muchos fallan. Suárez Colunga remarcó que durante la década de los sesenta se produjo un boom constructor en la región, sobre todo en algunas de las comarcas más industrializadas, pero los requisitos para levantar bloques de viviendas eran entonces más laxos que los que rigen ahora esta actividad. "Se permitían construcciones que ahora no cumplirían con las normas de accesibilidad; se podían, por ejemplo, hacer inmuebles de hasta seis alturas que no tuvieran ascensor", explica.
El decano del Colegio de Arquitectos, Alfonso Toribio, puso de relieve que los inmuebles que superan la citada antigüedad tienen por lo común dos tipos fundamentales de problemas. Por un lado, el de la cimentación. Hasta hace no mucho, relató Toribio, no era obligatorio realizar una evaluación geotécnica del terreno donde se iba a levantar el edifico. "Se hacía a ojo", señala. Es una práctica que a la postre podía ocasionar importantes contratiempos que acababan saltando a la superficie. Por ejemplo, añadió el decano de los arquitectos, es habitual encontrar ciertas deficiencias en los inmuebles de Oviedo, ya que el subsuelo de la ciudad está lleno de arroyos.
Otro de los problemas habituales es el de las humedades, generalmente por una mala impermeabilización de los edificios que hace que la lluvia pueda acabar filtrándose por las paredes o techos de las viviendas de los pisos superiores. "Al final, todo lo que sea invertir en mejorar la eficiencia energética es hacerlo en ahorrar", destaca Toribio. Los inspectores podrán recomendar a los propietarios mejoras de accesibilidad, ambientales o de eficiencia energética, y propondrá a la comunidad las medidas necesarias para hacerles frente y repararlas. De no atajarse en un tiempo prudencial, la Administración podría llegar a imponer sanciones, aseguran los técnicos.
Otro de los puntos flacos de estas construcciones está en las instalaciones eléctricas, que por falta de mantenimiento pueden estar deterioradas y llegar a convertirse en un foco de incidentes. Las estimaciones de algunos profesionales del sector indican que las evaluaciones podrían tener un coste de entre 80 o 100 euros por vecino. Alfonso Toribio defendió además que los edificios públicos y las viviendas unifamiliares también sean sometidos al examen.
La nueva evaluación de edificios es un proceso al margen de la certificación de eficiencia energética que también es obligatoria para las viviendas que se ponen en alquiler o a la venta.
