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Los vecinos tendrán 18 meses para revisar los edificios que superan los 50 años

El Principado prevé que la norma que obligará a inspeccionar miles de inmuebles entre en vigor a principios de 2017 - Los técnicos examinarán cada vivienda y los propietarios deberán pagar una factura que puede rondar los 100 euros por piso

El Principado prevé que la nueva ley que obligará a que los bloques de viviendas con más de cincuenta años tengan que pasar una inspección técnica pueda estar completamente lista a finales de este 2016, una vez superados todos sus trámites administrativos. Así que será desde fines de este año o principios de 2017 cuando las comunidades de vecinos que habiten inmuebles que superen esa antigüedad deberán encargar de manera obligatoria ese examen a los profesionales habilitados para ello (arquitectos y arquitectos técnicos). La norma, que ahora mismo está en información pública para que las partes interesadas puedan hacer las alegaciones que estimen oportunas, recoge que los propietarios de las viviendas están obligados a facilitar a los técnicos el acceso a todas las casas para que puedan llevar a cabo el análisis. En Asturias hay miles de pisos que pueden verse afectados por esta nueva regulación.

La normativa que el Principado ha comenzado a tramitar es resultado de la transposición de una ley nacional del año 2013 que obliga a las comunidades autónomas a hacer un inventario y una evaluación de los bloques de viviendas más antiguos. Una vez realizada la inspección, los técnicos pueden proponer a los vecinos medidas a adoptar para solucionar, en el caso de que los haya, los problemas que pueda tener el edificio. Si los propietarios pasaran por alto las indicaciones de los profesionales, los ayuntamientos tendrían la capacidad de imponer unas sanciones cuya cuantía aún no se ha concretado.

La previsión que maneja el Gobierno regional supone que el inventario y las evaluaciones de los inmuebles deben hacerse antes del 27 de junio de 2018, por lo que habrá un escaso año y medio para tenerlas listas. Los técnicos tendrán que analizar, entre otros aspectos, los posibles problemas de la estructura del edificio, si tiene filtraciones de agua, si los accesos son los correctos y el grado de eficiencia energética. Si hubiera problemas, el informe incluirá un diagnóstico preciso de las patologías, su origen, la forma de subsanarlas y, si fuera necesario, la redacción de un proyecto de rehabilitación, según recoge la nueva normativa autonómica.

De aprobarse la norma como está redactada, el examen tendrá una validez de diez años. Una vez transcurrido ese plazo, los edificios habrán de someterse a una nueva prueba. Sin embargo, durante los diez años los ayuntamientos o la propia Administración regional podrán reconsiderar la evaluación del inmueble si las condiciones del edificio empeoran.

Fuentes de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, de la que depende la política de vivienda, señalaron ayer que este anteproyecto de ley fue presentado previamente al Consejo Asesor de la Vivienda, en el que están representados las administraciones y las entidades y agentes más significativos del sector, con el fin de recoger sus aportaciones y "tramitar un texto consensuado y enriquecido con sus opiniones". Esas fuentes añadieron que las sugerencias recibidas se han incorporado al documento.

En la actualidad sólo tienen la obligación de someterse a la inspección técnica aquellas comunidades de vecinos que, siendo propietarias de un edificio que supera los 50 años, solicitan cualquier tipo de subvención, por ejemplo para una rehabilitación. Sin un aprobado en esta prueba no reciben la ayuda. Las estimaciones de algunos profesionales del sector indican que las evaluaciones podrían tener un coste de entre 80 o 100 euros por vecino. Algunos técnicos también reclaman que estos exámenes se hagan extensibles a los edificios públicos y a las viviendas unifamiliares, que están excluidas de la norma.

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