Los suizos decidirán este domingo, a través de un referéndum, si quieren una paga vitalicia mínima de 2.500 euros al mes y de 562 euros si son menores de edad. Esta generosa remuneración no tiene ni el apoyo de los políticos del Parlamento federal ni, a tenor de las encuestas, el de la ciudadanía. Se estima que un 70% votará en contra. Pesa más la sostenibilidad de las cuentas públicas y el temor a que la iniciativa suponga una fuerte subida de impuestos, sobre todo del IVA, cuyo tipo máximo está por aquellas montañosas tierras en el 8%.
"Con una gran probabilidad la iniciativa va a ser rechazada, porque la mayoría de los ciudadanos no quieren pagarles a aquellas personas que no quieren trabajar", señala Juan Pedro Ercoli Artime, un joven de 30 años nacido en Suiza pero de origen asturiano (su abuelo es de Candás y su abuela de La Felguera). El país tiene una tasa de paro mínima, del 4,1%, y Ercoli destaca que "aquí nadie tiene que vivir en la calle o pasa hambre, el sistema de Seguridad Social del país es suficiente". El salario medio ronda en Suiza los 84.500 euros anuales. Es decir, salen a unos 7.000 euros al mes.
Pese al rechazo que señalan las encuestas, los promotores de la propuesta -un grupo de ciudadanos vinculados con un ala del Partido Socialista y con algunas fuerzas de la izquierda- lograron con cierta holgura conseguir las 100.000 firmas que se necesitan para pasar el corte y que los ocho millones de habitantes del país puedan pronunciarse en las urnas sobre la medida. Su justificación para ponerla en marcha es que la revolución digital y la robótica que está por llegar puede suponer un duro golpe sobre el mercado laboral y hacer que las cifras de desempleados crezcan con fuerza. Contar con una renta mínima, argumentan, permitiría a todo el mundo elegir el trabajo que quiera, estimularía la formación, la creatividad, el voluntariado y las posibilidades de atender a los hijos y a las personas mayores o enfermas. Son el mismo grupo de ciudadanos que propuso rebajar la edad de jubilación de los 65 a los 62 años, o una subida generalizada de los sueldos más exiguos. Ambas medidas fueron rechazas en referéndum.
Ahora, su proposición consiste en que si un trabajador cobra menos de 2.500 euros el Estado le abonaría la diferencia, y si está en el paro se le pagaría esa cantidad por mucho tiempo que pase a la cola de la Oficina de Empleo. Pero a la población local parece que le importa más la posible subida de los impuestos que esto acarrearía que el desahogo económico que traería a muchos hogares.
"Lo que asusta a la población es el coste que esto podría suponer. Yo votaré en contra", destaca el asturiano Alberto Gutiérrez, natural de Orlé, en el concejo de Caso, y que lleva 46 años viviendo en Suiza y trabaja en una ingeniería civil en Montreux. La estimación es que la medida tendría un coste de 208.000 millones de francos (unos 187.000 millones de euros), aproximadamente un 35% del producto interior bruto (PIB) del país. La mayor parte de ese dinero se arañaría a través de deducciones en la nómina de quienes más cobran y mediante zarpazos a las prestaciones de la Seguridad Social. Pero, aun así, no se cubre, por lo que sería necesario subir algunos impuestos. Probablemente el IVA.
El propio Gobierno suizo ha hecho campaña contra la medida. Sólo una diputada la defendió en el Parlamento, la socialista Anita Fetz, contra la opinión de muchos compañeros de su propio partido. "Vale la pena reflexionar sobre esta propuesta, puede ser una solución concreta para dentro de 20 o 30 años, cuando la digitalización del trabajo suponga la pérdida de numerosos empleos", destacó. En contra, Raymond Clottu, diputado de la Unión Democrática de Centro (el partido más votado del país), aseguró que "me parece una idea vanguardista, pero irrealizable". Y apeló al alto coste que ésta tendría para las arcas públicas del país. Antes de que superara los trámites para que el pueblo se pronuncie, esta renta básica fue objeto de votación en el Parlamento. El resultado fue demoledor, 157 votaron en contra, 19 a favor y 16 abstenciones.
En la propaganda que está enviando el Gobierno suizo a las casas de quienes tienen derecho al voto figura, según relatan los asturianos que residen allí, un argumentario de quienes promueven la propuesta y la posición del Ejecutivo, que alerta de que "el experimento podría ser peligroso para la imagen de Suiza como un lugar llamado a captar inversores". También advierten de que el subsidio desanimaría a muchos a trabajar y provocaría una escasez de mano de obra. No obstante, una encuesta local asegura que esta paga sólo llevará a un 2% a abandonar su puesto laboral y vivir sólo de esa asignación.
Nuevos impuestos
Si la medida saliera adelante, su aplicación se haría poco a poco, y no de un día para otro. Habría que crear toda una serie de leyes para que se pueda llevar a cabo y, lo que es más importante, estudiar bien de dónde sacar el dinero para financiarlo. Anita Fetz propuso, entre otras medidas, "establecer una microtasa sobre las transacciones financieras y otro impuesto sobre los ordenadores, ya que el debate se está enfocando desde la digitalización de los trabajos". "Yo también soy contraria a un aumento del IVA" señaló Fetz.
Fuera del país la iniciativa sí que cuenta con algún que otro apoyo relevante. El exministro de Finanzas de Grecia Yanis Varoufakis es de los que se ha posicionado claramente a favor. "Un país rico como Suiza tiene la gran oportunidad de llevar a cabo este gran experimento", señaló. Además argumentó que es imprescindible que las economías desarrolladas comiencen a buscar mecanismos para solucionar los problemas que puede llegar a ocasionar la automatización de muchos puestos de trabajo. Otros países ricos, como Holanda y Noruega, también han abierto un debate similar. Pero sin llegar tan lejos.
