Los incrementos del impuesto de bienes inmuebles (IBI) de naturaleza urbana que han soportado los hogares y empresas durante la crisis fueron decisivos para mantener a flote las finanzas de los ayuntamientos. En el caso de Asturias, el tributo ha pasado a aportar uno de cada cuatro euros que los concejos ingresan al año por todos los conceptos.
La factura del IBI alcanzó para los contribuyentes asturianos la cifra récord de 247,5 millones de euros en 2015. Ese resultado supone que la presión fiscal del impuesto fue equivalente al 1,14% del producto interior bruto (PIB), el doble de la que se registraba en 2007 (0,65%). La diferencia se explica por el aumento de la recaudación del tributo que se ha producido en estos años, aunque también en una parte por la caída del PIB.
El IBI es un impuesto creado en 1988, dentro de la Ley de Financiación de las Haciendas Locales y a partir de los antiguos gravámenes de la contribución urbana y rústica. Se diseñó para ser un elemento capital de los ingresos tributarios de las corporaciones municipales, junto al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (la "viñeta") y el de actividades económicas. Esa relevancia del tributo que grava la propiedad inmobiliaria (de viviendas, plazas de garaje, solares, locales comerciales, naves...) ha evolucionado así en Asturias: en 2007, el IBI suponía el 16,44% del conjunto de los ingresos municipales y en 2015 ha pasado a representar el 26%.
La magnitud de las recaudaciones creció en ese tiempo propulsada por dos motores: de una parte, la inercia del boom inmobiliario de los años precedentes, que incrementó el número de recibos al hacerlo el parque de viviendas sujetas al gravamen; de otro lado, las medidas de política tributaria desplegadas por el Gobierno central del PP a partir de 2011 y también por los ayuntamientos. Dentro de las medidas de consolidación fiscal para reducir el déficit público, el ejecutivo aprobó entonces un recargo sobre el IBI para sujetar los ingresos de los ayuntamientos. También se agilizaron las actualizaciones de los valores catastrales y se puso en marcha un proceso para rastrear los concejos en busca de construcciones o mejora realizadas en ellas que estaban sin declarar. En Asturias, ese procedimiento de "regularización" identificó hasta fines de 2015 más de 22.000 inmuebles por las que no se tributaba.
Esas medidas hicieron que la liquidación del IBI creciera el 22,6% desde 2011, amplificando una tendencia que había comenzado en los años anteriores. El dinero extra que por esa vía consiguieron los ayuntamientos más que ha compensado el hundimiento de otros ingresos por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Así, la recaudación agregada del impuesto sobre construcciones y obras bajó de 51 millones en 2007 a 11,1 en 2014, según informes del Ministerio de Hacienda sobre las liquidaciones presupuestarias de las 78 corporaciones asturianas. Al mismo tiempo, los ingresos por IBI han aumentado en más de 90 millones, superando en cuantía a las transferencias que el Estado hace a los ayuntamientos para su financiación. Las actualizaciones catastrales favorecieron además que también creciera la factura de las plusvalías (impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana), otro de los ingresos tributarios importantes.
La presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, instó ayer a los ayuntamientos "a atemperar los tipos" para rebajar el recibo del IBI a los contribuyentes asturianos. La portavoz popular en el parlamento regional admitió que el Gobierno central actuó sobre la normativa de este impuesto en los primeros años de la anterior legislatura para aumentar los ingresos, pero destacó que las corporaciones tienen diversas posibilidades de intervención sobre este tributo, "tales como los aplazamientos y las bonificaciones para rebajar el principal impuesto municipal". Mercedes Fernández afirmó que "así se hace en los ayuntamientos donde gobierna el PP".
