Oviedo, José A. ORDÓÑEZ /
Javier CUARTAS
El consejero de Industria y Empleo, Francisco Blanco, sostuvo ayer en el pleno del parlamento autonómico que Asturias "sufrió un expolio" cuando "perdió el control sobre la fundación y el banco de Cajastur por razones ideológicas" dentro del proceso de reestructuración del sector, y que, como consecuencia, la Administración autonómica no tiene ahora ninguna capacidad de incidir en la gestión de la entidad. Por ello, subrayó Blanco, el Gobierno asturiano carece de posibilidad legal para intervenir en el plan de reordenación de los servicios de Cajastur, aunque "no le gusten" las medidas que contiene, sobre todo las que tienen que ver con "recortes de personal".
"Esperamos un proceso negociado y que se lleve a cabo de mutuo acuerdo entre las partes", indicó el consejero en respuesta a una interpelación del diputado de Podemos Enrique López, quien, ataviado con una camiseta de apoyo a los trabajadores de Liberbank, exigió sin éxito al Gobierno un pronunciamiento claro en contra del plan de reestructuración del banco. El parlamentario de la formación morada aseguró que el proyecto conlleva el cierre de 36 oficinas y que deja sin servicio de atención personal a varias capitales de concejos.
La pérdida de control público sobre los antiguas cajas de ahorros tuvo dos fases y se desencadenó tras la crisis de 2008, que golpeó especialmente a este subsector financiero (sólo sobrevivieron 21 de las 45 cajas de ahorros existentes en 2008) por dos razones: por la gran expansión que realizaron estas entidades fuera de sus territorios de origen durante los años (1998-2008) del raudo crecimiento económico español, la exuberancia del crédito y la sobredimensión de la burbuja inmobiliaria y porque, a diferencia de los bancos -también afectados-, las cajas, por su específica naturaleza jurídica y societaria, no pudieron acometer ampliaciones de capital, como hizo -y como sigue haciendo aún hoy- la banca para enjugar los quebrantos del pinchazo inmobiliario, la morosidad elevada y el excesivo endeudamiento contraído por empresas y ciudadanos.
Algunas de las cajas -las que protagonizaron los más sonados fracasos- habían incurrido además en lo que se entendió que fue un excesivo sometimiento e instrumentación a las estrategias inversoras de los políticos presentes en sus órganos para impulsar proyectos de escasa viabilidad y alto interés político. Se entendió además que los órganos de gestión, ocupados por políticos sin formación ni experiencia financiera, no habían podido ejercer, por esas carencias, la fiscalización y control de los directivos.
Aunque hubo ejemplos de todo lo contrario (la politización de algunas cajas vascas, por ejemplo, no les impidió mantener una muy elevada solvencia), la acción de los Gobiernos del país se focalizó en desconectar las cajas de las instituciones autonómicas y de los ayuntamientos.
En 2010, el Gobierno de Zapatero modificó la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA) para prohibir que políticos, sindicalistas y dirigentes empresariales en activo pudiesen seguir en los órganos de las cajas. Se exigió que las instituciones fundadoras (el parlamento asturiano y el Ayuntamiento de Gijón en el caso de Cajastur) redujesen el número de representantes y que designasen a personas con formación y experiencia económicas. También entonces se empezó a forzar fusiones de cajas.
Con la llegada del PP al Gobierno, esta estrategia se redobló. La ley de Fundaciones Bancarias y Cajas de Ahorros de 2013 (impuesta a España por la Troika tras la petición del rescate de 2012) obligó a las cajas supervivientes (salvo a las dos de estricto ámbito local y comarcal: Ontiyent y Pollença) a convertirse en fundaciones bancarias y a traspasar sus negocios a bancos (sociedades anónimas), arrebató a las autonomías (en beneficio del Ministerio de Economía) el protectorado (vigilancia) de las fundaciones y forzó a las instituciones públicas a perder el control de los patronatos: sólo pueden designar al 25% de sus miembros. El Parlamento asturiano designa a uno solo.
