"Los centros de formación no queremos un modelo basado en las subvenciones; desarrollamos una actividad formativa, cumpliendo con una serie de requisitos en cuanto a instalaciones, recursos humanos y control de calidad; el propio sistema nos lo exige y prestamos un servicio al alumno, que sería quien debería recibir la ayuda a través, por ejemplo, de un "cheque formación", afirma Luis Valdés, director general de la compañía Formagrupo y también secretario general de la Confederación Española de Empresas de Formación (Cecap). El sector, sostiene, atraviesa problemas serios por los retrasos y recortes en la inversión en formación y, también, por el impacto de la nueva legislación y sus lagunas reglamentarias.
La creación del "cheque formación" fue uno de los compromisos incluidos en la ley de reforma del sistema de formación profesional para el empleo aprobada en septiembre de 2015, aunque el Gobierno ya lo había enunciado en la reforma laboral de 2012. Nada se ha avanzado sobre una idea que consiste en conceder una especie de bono al trabajador o desempleado para que él mismo elija, entre los centros autorizados, dónde recibir la formación y en qué especialidad. Se trata de una fórmula que aplican otros países europeos y de la que recelan una corriente de expertos y la izquierda política porque, argumentan, favorece las desigualdades en la medida en que el cheque suele ser muy utilizado por los trabajadores con alta cualificación y muy poco por el resto.
Las 15.000 pymes agrupadas en la Cecap defienden la implantación del cheque y cuestionan cómo se ha desenvuelto la política de formación durante el último año. Luis Valdés subraya en primer lugar los retrasos en las convocatorias estatales y regionales de subvenciones. En 2015, la Administración central no ofertó ayudas para cursos de trabajadores ocupados y para este año está pendiente una convocatoria de 250 millones. En Asturias, la oferta de ese mismo tipo de subvenciones se publicó en junio de 2015, pero no se ha resuelto hasta mayo de este año.
Según el directivo, la patronal que representa apoyó lo esencial de la reforma que arrancó en marzo del pasado año con un real decreto y que se amplío con la ley aprobada en septiembre. Valdés ve positivos aspectos como el nuevo papel de los agentes sociales, más centrado en contribuir a la programación de la formación profesional que a impartirla directamente, y el criterio de concurrencia competitiva total (competencia abierta por las subvenciones, sin cuotas reservadas para ninguna entidad). Ahora bien, "pasado más de un año, faltan por desarrollar reglamentariamente muchas cosas, con lo que se produce una inseguridad que hace que las empresas sean reacias a contratar servicios de formación por temor a no estar haciéndolo bien", subraya el representante de Cecap. Y aporta un dato: "La formación bonificada en las empresas bajó el 30% en el primer trimestre de este año en relación con el del año anterior".
Luis Valdés se refiere a otra de las vigas maestras del sistema español de formación ocupacional: la llamada "formación de demanda", la que directamente contratan las empresas para sus trabajadores con centros especializados y que se financia con el dinero que las propias compañías y sus plantillas abonan en cotizaciones a la Seguridad Social. Esta fórmula también ha estado bajo sospecha por el fraude en modalidades como la formación a distancia, que quedó excluida de las ayudas a partir de la reforma de 2015.
