La Administración asturiana tiene comprometidos 2,415 millones de euros en el proceso de liquidación de la compañía El Caleyo Nuevas Tecnologías, perteneciente al grupo de empresas que perteneció a Serafín Abilio Martínez, presidente de la patronal de la construcción (CAC-Asprocon) y cuyas otras sociedades principales también entraron en concurso y cerraron. La deuda que El Caleyo Nuevas Tecnologías tiene con el Principado corresponde a una aval concedido en 2009, bajo el Gobierno de Vicente Álvarez Areces, y que fue ejecutado por la banca acreedora cuatro años después.
El Caleyo Nuevas Tecnologías, dedicada a la fabricación de prefabricados de hormigón y derivados del cemento y que llegó a tener 110 empleos, entró en concurso voluntario de acreedores en septiembre de 2012, año en el que también se declaró ese procedimiento (antigua suspensión de pagos) en otras tres sociedades del grupo: Hormigones El Caleyo (empresa principal), Derivados El Caleyo y Fontela Gestión y Edificación. El conglomerado empresarial sucumbía así ante el hundimiento de la actividad constructora y tras encadenar varios años de fuertes pérdidas (El Caleyo Nuevas Tecnologías declaró unos números rojos acumulados de 4 millones de euros entre 2010 y 2012, según informes contenidos en los procedimientos concursales).
La Administración concursal, a cargo del economista Pedro Pablo Llavona, trató de priorizar el mantenimiento de la actividad y de parte del empleo en las instalaciones ubicadas en San Claudio (Oviedo) y se exploró la venta del negocio. En 2015, y ante el desacuerdo de los bancos acreedores con una propuesta de dar un año más para la búsqueda de inversores, el Juzgado mercantil número 1 de Oviedo decidió que se pusiera a la venta la maquinaria de la fábrica para liquidar parte de las deudas. La empresa argelina Eurl ETP Feghouli Ahmed pagó 1.425.000 euros por esos activos. El dinero permitió hacer frente a créditos de la masa correspondientes a deudas con los trabajadores y otras.
El Caleyo Nuevas Tecnologías está ahora en la fase de liquidación de los terrenos y las naves de San Claudio. De su resultado dependerá si los bancos y el Principado, entre otros acreedores, recuperan su dinero. El aval concedido por el Principado en 2009 está respaldado por una garantía hipotecaria (una segunda hipoteca sobre activos inmobiliarios de la fábrica, según consta en informes de la Sindicatura de Cuentas del Principado), como también lo están los préstamos concedidos de manera sindicada a El Caleyo Nuevas Tecnologías por un grupo de bancos ("pool") del que forman parte el Sabadell, Popular, Liberbank, BBVA y Santander, entre otros. La existencia de esa garantía hipotecaria da a estos acreedores una posición preferente para cobrar.
Fuentes conocedoras del caso indicaron que existen negociaciones con el grupo de bancos para la venta de los terrenos y naves de la compañía. Si las entidades no asumen los inmuebles, se iría a una subasta, presumiblemente antes de fines de año. Según las mismas fuentes, cualquiera de las dos opciones encierra dificultades para que el Principado recupere el dinero público. Las instalaciones de San Claudio fueron valoradas en documentos del proceso en unos 12 millones de euros, incluyendo los activos que ya se han vendido. La deuda de los bancos supera los 6 millones y el precedente de la subasta de las máquinas sugiere además, explicaron medios expertos, que el resultado de otra puja por los inmuebles podría no cubrir toda la deuda con garantía hipotecaria. Las máquinas fueron tasadas en más de 6 millones y el adjudicatario argelino se hizo con ellas por la quinta parte de ese dinero.
El aval concedido por la Administración asturiana a El Caleyo Nuevas Tecnologías formó parte de una serie de garantías que el Principado otorgó en los primeros años de la crisis a empresas que atravesaban dificultades. Buena parte de aquellos avales fueron ejecutados por los acreedores ante el impago de los préstamos que garantizaban. El respaldo a la compañía entonces propiedad de Serafín Abilio Martínez se decidió en 2009 junto a los de otras trece empresas.
Según consta en un informe de la Sindicatura de Cuentas, la concesión de apoyo financiero a El Caleyo Nuevas Tecnologías, al igual que las garantías en favor de otras seis compañías (Medina Metal, Alas Aluminium, Manuel Bernardo S.A., Balneario de Caldas de Oviedo, Temper y Crady), fue decidida favorablemente por el Consejo de Gobierno aunque un informe del Servicio de Política Financiera (órgano del Principado encargado de controlar el endeudamiento del sector público asturiano) consideraba que en todos esos casos "la operación de afianzamiento tiene un riesgo que desconsejaría efectuar el aval". De acuerdo con el mismo documento, los avales se aprobaron "atendiendo a consideraciones como el nivel de empleo creado o la capacidad productiva de las instalaciones".
Serafín Abilio Martínez declinó ayer hacer comentarios sobre el proceso de liquidación de El Caleyo Nuevas Tecnologías al estar la sociedad bajo administración concursal.
