La excepcionalidad británica tomó carta de naturaleza por escrito el 19 de febrero, cuando el primer ministro, David Cameron, alcanzó un acuerdo con sus socios de la Unión Europea (UE) por el que, a cambio de cuatro nuevas concesiones, se comprometió a defender la continuidad de su país en el club de los 28 en la campaña del referéndum que previamente había convocado.
Con ellas, Reino Unido se otorga un "estatus especial" dentro de la alianza: se le reconoce el derecho a quedar eximido de "una unión cada vez más estrecha" y a no verse "comprometido con una mayor integración política dentro de la Unión", a la vez que se otorga a los parlamentos nacionales más capacidad para invocar el principio de subsidiariedad (menor injerencia de Bruselas cuando pueda decidir la administración más cercana); se reconoce el respeto mutuo a los países que están en el euro y quieran avanzar más en la Unión Económica y Monetaria y a quienes, no estándolo, deseen permanecer fuera de la moneda pero participando en el mercado único; se otorga un "mecanismo de salvaguarda" o "freno de emergencia" que puede ejercitar durante un máximo de siete años y por el que podrá congelar prestaciones laborales y ayudas durante cuatro ejercicios a trabajadores extranjeros que accedan en el futuro a su mercado laboral en casos de flujos migratorios muy intensos y que pongan en cuestión sus cuentas públicas; y se promete un fortalecimiento del mercado interior europeo y su adaptación a la realidad cambiante junto con una reducción de la carga administrativa y la simplificación de la legislación comunitaria.
Estas estipulaciones permitirán a su país, dijo Cameron, beneficiarse de "lo mejor de los dos mundos": "Seguir fuera de un superestado, de las fronteras abiertas, del euro y de los rescates" de países socios y poder continuar "en un mercado de 500 millones de personas".
