España se libra de la multa del déficit, que podría haber ascendido hasta 2.100 millones; pero no de la penitencia, que equivale a una nueva etapa de austeridad bajo la tutela de Bruselas.
La Comisión Europa (CE) decidió ayer cancelar la sanción a España por exceder el objetivo de déficit y no seguir sus recomendaciones. Además le concede dos años más para situar los números rojos al cierre del ejercicio por debajo del 3% del producto interior bruto (PIB). Hasta ahí las buenas noticias para España. A cambio, la CE exige ajustes estructurales por valor del 0,5% del PIB en 2017 y 2018 -que suponen más de 10.000 millones de euros- y obliga a bajar el déficit desde el 5,1% del PIB al 4,6% en 2016, al 3,1% en 2017 y al 2,2% en 2018. Esa rebaja equivale a cerca de 28.000 millones de euros que el Gobierno en funciones se niega a traducir como ajuste porque confía en incrementar los ingresos con el crecimiento económico, una previsón que ponen en duda oposición y sindicatos. El nuevo Gobierno quedará bajo la tutela económica de la UE, que periódicamente exigirá informes de la evolución del déficit. Y además aún queda pendientre la decisión de la CE sobre congelar o no fondos europeos a España.
"La multa del 0,2% del PIB a imponer a España por el fracaso en tomar una acción efectiva en respuesta a la recomendación del Consejo se cancela", reza la decisión adoptada ayer por el Colegio de Comisarios, que debe ser ratificada por los ministros de la Eurozona. Las opciones que estaban sobre la mesa iban desde cancelar la sanción, como pedía el Gobierno de España, a imponer una multa de más de 2.100 millones de euros. Finalmente "una gran mayoría" de comisarios apoyaron que tanto España como Portugal -que también estaba en la misma situación- no se conviertan en los primeros países multados por exceso de déficit.
El vicepresidente del Euro y el Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, justificó la decisión porque ambos países "han consolidado sustancialmente sus finanzas públicas en los últimos años y han llevado a cabo reformas estructurales ambiciosas". Además, destacó que ambos países se han comprometido a cumplir sus compromisos del déficit en sus recientes dictámenes remitidos a Bruselas para tratar de evitar la multa. España se había comprometido a obtener más de 8.000 millones de euros con una reforma del impuesto sobre sociedades (que afectará a más de un centenar de grandes empresas asturianas que tendrán que adelantar los pagos) y a un incremento de la lucha contra el fraude.
El comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, señaló que la cancelación de la multa era "la mejor opción". "Sanciones, incluso simbólicas, no hubieran permitido corregir el pasado y no habrían sido comprendidas por pueblos que han hecho enorme sacrificios estos últimos años", señaló Moscovici, que antes de la reunión ya se había pronunciado a favor de cancelar la multa. El eurodiputado socialista asturiano Jonás Fernández destacó ayer el importante papel de Moscovici.
La CE propuso conceder dos años más a España para que sitúe el déficit por debajo del 3% del PIB, pero a cambio le exige ajustes estructurales de 10.000 millones. "Proponemos una senda de ajuste realista", señaló Dombrovskis, quien dijo que la CE no exige más ajustes para 2016 pero recomienda a España que reduzca "el número y el alcance" de los tratamientos fiscales diferenciados (incentivos), en particular los tipos reducidos de IVA.La nueva senda fiscal propuesta por la Comisión establece que España reduzca su déficit desde el 5,1% del PIB actual al 4,6% en 2016, el 3,1% en 2017 y el 2,2% en 2018. Moscovici señaló que si se hubiera dado solo un año a España el ajuste estructural sería "extremadamente elevado" y habría afectado al crecimiento. De todas formas la rebaja supone un esfuerzo de 28.000 millones.
Las reacciones
El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, aseguró que los nuevos objetivos son "perfectamente realizables" sin ajustes adicionales al ya anunciado en Sociedades, que si se prolonga varios ejercicios "pasa a ser un ajuste estructural" como el que pide la CE. "España no ha ofrecido absolutamente nada a cambio", afirmó De Guindos, que confía en el crecimiento económico para cumplir los objetivos. El PSOE considera que la decisión de Bruselas, "una buena noticia", no será gratis y que conllevará la intervención y la aparición de "los hombres de negro" para supervisar el Pacto de Estabilidad. Desde Unidos Podemos cuantificaron en "casi 30.000 millones de euros" los "recortes" que supondrá la medida.
