Los problemas en las cuentas de la Seguridad Social impedirán que la subida de las pensiones del próximo año sea superior al 0,25%, mínimo legal que, salvo que medie una decisión política en otro sentido, se aplicará por tercer ejercicio consecutivo a los beneficiarios de las prestaciones, entre ellos cerca de 300.000 asturianos. Un equipo de expertos que ha anticipado el cálculo de la revalorización de 2017 alerta de la "preocupante" situación del sistema público. Máxime porque el déficit sigue creciendo incluso en un contexto de intenso crecimiento del producto interior bruto (PIB).

El Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia hace el ejercicio de calcular el índice de revalorización de las pensiones, el mecanismo que desde 2014 sustituyó a la actualización según el índice de precios al consumo (IPC). La fórmula tiene en cuenta distintos parámetros del sistema: la evolución de los ingresos, el aumento del número de pensiones, el "efecto sustitución" (relación entre las altas y bajas de pensiones) y la corrección del déficit. El resultado es determinante para la subida de las pensiones de cada año y al mismo tiempo es un "indicador muy potente y realista" sobre la situación financiera de uno de los grandes pilares del Estado del bienestar español.

Los resultados de ese equipo universitario concluyen que el resultado de aplicar la fórmula es negativo y además se ha deteriorado respecto al pasado año. El índice de revalorización que para 2017 anticipan los datos económicos de la Seguridad Social en el primer semestre del año es del -3,11%, frente al -2,52% de 2015. Esto es, sobre el papel las pensiones deberían reducirse en esa proporción para ajustar paulatinamente los gastos y los ingresos del sistema. Ahora bien, el mecanismo de revalorización tiene un tope que garantiza un subida mínima (0,25%) y también un techo máximo que impide que las pensiones se revaloricen por encima de una tasa equivalente al IPC más 0,5 puntos. Así que, aunque la cuenta del índice de revalorización resulte negativa, los pensionistas tienen asegurada la subida nominal del 0,25%.

El comportamiento de la inflación durante los últimos tres años ha permitido que las pensiones no perdiesen poder adquisitivo en estos ejercicios con incrementos mínimos, los más bajos en muchos años si se excluye la congelación de las pensiones que para 2011 aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Con Mariano Rajoy en la Moncloa, las prestaciones subieron menos que la inflación en 2012 y 2013 (en este último ejercicio, salvo para las pensiones de menos de 1.000 euros, que subieron el 2%). En 2014 y 2015, la inflación negativa (-0,4% y -0,6% en Asturias, respectivamente) propició que los jubilados ganasen capacidad de compra (0,65 puntos y 0,85 puntos) aunque la actualización de sus nóminas no pasara de 2,5 euros al mes en el caso de la pensión media y de 1,5 euros para los 75.000 pensionistas que cobran menos de 600 euros. Lo que ha vuelto a ocurrir en 2016.

Con independencia del impacto en los bolsillos de los jubilados, las estimaciones del grupo de economistas valenciano deja al aire las dificultades de la Seguridad Social. Existe, señalan esos expertos, "un empeoramiento de la situación financiera del sistema (...),como consecuencia de no cumplirse las expectativas en cuanto al crecimiento de los ingresos".

Las cuentas de la Seguridad Social arrojan tras la primera mitad del año un déficit anual (calculado entre julio de 2015 y junio de 2016) superior a 17.000 millones de euros y mayor que el estimado al finalizar el primer trimestre del año con la misma metodología. "Es preocupante que el déficit haya aumentado en el último año con un crecimiento económico real del 3,2%", destacan los investigadores. Y apuntan dos factores que explicarían el desajuste de ingresos: de un lado, la caída de las cotizaciones correspondientes a los desempleados que dejaron de cobrar prestaciones al encontrar trabajo o agotarlas; de otro, "la disminución de la cotización media por ocupado". Hay más afiliados a la Seguridad Social, pero los ingresos no despegan como presupuestó el Gobierno porque las bases de cotización son menores al serlo también los salarios del nuevo empleo que se crea.