El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana requiere una reforma "inaplazable", según el criterio técnico que se expresó durante unas jornadas celebradas este año por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), ligado al Ministerio de Hacienda, y cuyas conclusiones acaban de ser publicadas. Benjamí Anglés, abogado y docente de la Universidad Oberta de Barcelona, argumentó en una las ponencias de ese encuentro la urgencia de modificar el llamado tributo de plusvalías ante la anomalía que supone el hecho de que el contribuyente queda obligado a pagar incluso en el caso en que se haya producido un incremento real del valor de los terrenos.
Este impuesto municipal grava, entre otras situaciones, a los propietarios que venden un inmueble o a aquellos que lo heredan. Sobre el papel, el objeto del impuesto es la plusvalía que obtiene alguien entre el momento en que se compró el terreno (por el ejemplo, el que corresponde a una vivienda) y el momento en que se vende. Pero la base imponible no se calcula considerando los valores reales de compra y de venta, sino aplicando un coeficiente sobre la tasación catastral.
Este mecanismo, destaca el jurista Anglés, hace que con frecuencia el vendedor tenga que pagar aunque la plusvalía no existe e incluso cuando la venta se ha hecho en pérdidas, algo frecuente en la crisis. El autor destaca cómo los tribunales están fallando a favor de quienes pleitean contra las liquidaciones. "No se comprende por qué, conociendo los importes reales de las transmisiones, las Haciendas locales tienen que renunciar a aplicar los mismos y utilizar el valor catastral (...) para determinar la cuota del impuesto", señala el experto. Y sugiere eliminar el gravamen cuando, en base a los valores reales, la plusvalía es inexistente.
