El PP y Ciudadanos se sentarán a negociar desde hoy los contenidos de un acuerdo con el que presumiblemente Mariano Rajoy acudirá a la sesión de investidura del día 30 de agosto, de incierto desenlace. Menos incierto es que en esas conversaciones se tratará por primera vez sobre cómo abordar el exigente examen presupuestario que le espera a España en Bruselas a partir de septiembre, si es que para entonces hay Gobierno y proyecto de cuentas públicas para 2017. La reforzada disciplina a la que está sujeto el país por haber incumplido de manera continuada, bajo el Gobierno de Rajoy, los objetivos de reducción del déficit público da a la Comisión Europea facultades para tumbar la propuesta presupuestaria si no se ajusta a las nuevas obligaciones fiscales (reducción del déficit desde el 5,1% en 2015 al 2,2% en 2018).
Cumplir esa hoja de ruta viene a suponer un ajuste agregado de unos 30.000 millones de euros en tres años, mediante aumentos de los ingresos, reducciones en los gastos o ambas cosas a la vez. El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha anticipado que no serán necesarios recortes severos, que el crecimiento económico hará casi todo el trabajo incrementando los ingresos tributarios.
Pero esa afirmación de De Guindos no es veraz porque recoge sólo una parte del problema que se le presenta a España. La Comisión Europea exige, entre otros, un esfuerzo muy concreto: una reducción de 10.000 millones en el déficit estructural en el período 2016-2018. El déficit estructural es un concepto teórico, una estimación de cómo resultan las cuentas de un país si alcanzara su crecimiento económico potencial (el que resulta de utilizar todos los recursos humanos y de capital disponibles sin que haya tensiones inflacionistas). Es una medida de la sostenibilidad fiscal a largo plazo, dejando a un lado el ciclo económico. Bruselas ya le afeó al Gobierno de Rajoy a principios de año que ese déficit estructural ha seguido creciendo en España (2,9% en 2015) y que continuará haciéndolo este año. El propio De Guindos replicó cuestionando el método de cálculo, que a su juicio perjudica a España porque no reconoce el impacto de las reformas de estos años en el crecimiento potencial.
Perdonada la multa por déficit excesivo con enfado en algunos socios del Norte y sujeta España a un mayor nivel de intervención en su política económica, cabe pensar que Bruselas exigirá ajustes de naturaleza también estructural: recortes en el tuétano del gasto público y auténticas reformas tributarias (más allá del artificio contable de anticipar la recaudación del impuesto de sociedades). Al nuevo Gobierno le tocará proponer cómo se reparte esa nueva dosis de austeridad y quizás de sufrimiento.
