La exploración de hidrocarburos ha entrado en España en situación "parálisis absoluta", según un diagnóstico recogido en el sector sobre las dificultades de los proyectos relacionados con la búsqueda de gas y petróleo no convencionales mediante fracturación hidráulica ("fracking"). La combinación de la baja cotización del crudo, la inestabilidad política en España y la contestación a la citada tecnología por el impacto ambiental ha frenado la concesión de nuevos permisos de investigación y el desarrollo de los sondeos que ya disponen de autorización. Entre las solicitudes que están varadas hay dos de una misma empresa para Asturias que afectan a concejos del Oriente y su litoral.
Este pasado agosto se cumplieron cuatro años desde que la sociedad Oil & Gas Capital inició ante el Ministerio de Industria los trámites de los permisos de investigación de hidrocarburos denominados "Cuélebre 1" y "Cuélebre 2". La compañía, participada por antiguos directivos de Repsol, planteó entonces la realización de sondeos dentro de áreas de tierra y mar situadas en los municipios de Villaviciosa, Caravia, Ribadesella y Parres. Oil & Gas Capital guarda reserva sobre sus planes, pero fuentes empresariales conocedoras de la situación del sector subrayaron que en la práctica casi todos los permisos de investigación están congelados por razones económicas y administrativas.
El interés por la investigación de hidrocarburos y en particular por el uso del "fracking" despegó en España hace cinco años, con el petróleo tocando los 120 dólares por barril, y se mantuvo en los años siguientes mientras la cotización conservó niveles superiores a los 90-100 dólares. Lo ocurrido en el mercado a partir de junio de 2014, con un hundimiento de los precios que llegó a situar el crudo por debajo de los 30 dólares a principios de este año, es el primer factor que explica el frenazo del "fracking". "Las compañías petroleras han tenido que recortar gastos y todos los planes de exploración que hay en España son 'proyectos frontera'", explicó una fuente conocedora de la situación del sector. Al hablar de "proyectos frontera" se refiere a que los permisos solicitados en España dejan de ser económicamente atractivos con el petróleo por debajo de los 100 dólares, máxime porque la existencia de reservas no está probada, los trabajos de investigación son costosos y el riesgo de no rentabilizarlos es alto. Otro tanto ocurre con la búsqueda de gas natural, cuyo precio está conectado con el del petróleo. Si bien el comportamiento del crudo es muy difícil de predecir, la opinión dominante entre los analistas es que se mantendrá a medio plazo por debajo de los 70 dólares.
En parte será así por el desarrollo del "fracking" en Norteamérica, que ha acercado a EE UU a la autosuficiencia energética y ampliado la oferta mundial de hidrocarburos. La caída de los precios, inducida además por la replica de Arabia Saudí para blindar su cuota de mercado, ha provocado una oleada de cierres de explotaciones estadounidenses (hay unas cuatrocientas plataformas en producción, frente a las 1.800 del otoño de 2014) y la destrucción de 142.000 en año y medio. Aún así, indicaron fuentes del sector petrolero español, el negocio del crudo y del gas no convencionales de EE UU está mostrando una notable capacidad de resistencia.
En España, las expectativas se han desinflado y varias de las principales empresas están renunciando a permisos de investigación. Repsol se ha retirado de un proyecto en Cantabria y las canadienses BNK y Frontera Energy han desistido de otros proyectos en Burgos, Navarra y País Vasco, territorios pertenecientes a la Cuenca Vasco-Cantábrica, donde los estudios geológicos preliminares indentifican el mayor potencial de existencia de hidrocarburos y en la que está integrada una parte de Asturias.
Las fuentes consultadas asociaron la "parálisis" de la exploración de hidrocarburos también a la situación política. El ciclo electoral iniciado en 2015 con los comicios autonómicos y la ausencia de un Gobierno central con plenas funciones desde el otoño de ese año han añadido obstáculos a la compleja tramitación de los permisos, que en todas las autonomías han despertado el rechazo de los movimientos ecologistas y otros sociales por los riesgos ambientales que se atribuyen al "fracking". Las propias empresas tampoco presionan para acelerar los trámites ante el escenario económico del petróleo, según esa explicación.
