La curva de Laffer, la tesis según la cual bajando impuestos se recauda más porque se dinamiza la actividad económica y la resultante tributaria final es más favorable para las arcas del Estado que subiendo los tributos, en cuyo caso se frena el dinamismo y también los ingresos para el fisco, está volviendo a ser severamente cuestionada por la realidad.
Pese a que la economía española está creciendo a una tasa superior al 3% -lo que debería incrementar por sí mismo la recaudación-, los ingresos impositivos del Estado están cayendo en aquellas figuras fiscales cuyos tipos impositivos rebajó el Gobierno en 2015 (IRPF y sociedades) mientras que la recaudación sí aumenta en las que no los redujo.
En el acumulado de los siete primeros meses del ejercicio, los ingresos del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) acumulan un descenso respecto al año pasado del 1,9% en el total de las administraciones públicas y del 13% en la parte correspondiente a la Administración central (y esto a pesar del aumento del empleo), y los del impuesto de sociedades se han desplomado el 85,5%. Entre ambos tributos, la recaudación menguó en 3.445 millones de euros, según el Ministerio de Hacienda
Por el contrario, aquellos impuestos que el Gobierno no redujo el año pasado (caso del IVA y de los especiales) sí están aumentando su recaudación: en los siete primeros meses permitieron al fisco ingresar el 4,6% más.
La caída recaudatoria en el IRPF y de forma muy alarmante en sociedades está comprometiendo el cumplimiento del objetivo de déficit en 2016 tras haberlo vulnerado en 2015.
Las bajadas impositivas de 2015 incomodaron a los socios europeos, y la Comisión Europea intentó disuadirlas. España tiene el segundo mayor déficit fiscal de la UE, es desde hace años el quinto país de la Unión que menos tributos recauda en relación al PIB nacional y sigue por debajo de la media de los países de la OCDE en ingresos fiscales, su deuda pública es la sexta mayor, sigue al alza y está en niveles récord, y el déficit estructural del Estado (el que no es achacable a la marcha y al ciclo de la economía) continúa al alza.
Al final del pasado ejercicio se cumplieron los temores de la UE y el déficit español fue de 51.000 millones, 9.000 millones más de lo comprometido. Esta desviación se produjo pese a que la economía creció el 3,2% y el paro se redujo, y aun cuando dos de las grandes partidas de gasto (el coste de la deuda y la cobertura de desempleo) también se contrajeron. De aquí nació el expediente sancionador contra España, que aún colea. El impacto negativo de la reforma fiscal en la recaudación del año pasado la estimó la Agencia Tributaria en 4.813 millones. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo el 4 de mayo que, de no haber bajado impuestos en 2015, España podría haber cumplido el déficit pactado: 4,2% del PIB, en vez del 5,1% con el que se cerró el año.
Ahora, y después de que la UE hubiese aliviado de nuevo la exigencia de contención del descubierto para 2016 del 4,1% del PIB al 4,6% (es la tercera vez que Europa reduce su exigencia a España), el país está de nuevo en riesgo de incumplir este año con Bruselas. Los últimos datos conocidos apuntan a que el déficit de la Administración Central del Estado acumula hasta fines de junio un déficit que supera en 1,8 puntos de PIB (18.000 millones) el objetivo de todo el año.
Esta desviación es producto en buena medida de la caída de la recaudación. Con la economía creciendo el 0,8% trimestral (el sexto mayor avance de los 28 países de la UE) y el 3,2% interanual (el segundo mayor de la UE tras Eslovaquia), la Administración Central del Estado acumuló hasta el 31 de julio un descenso de 5.715 millones en los ingresos por impuestos directos (los que se redujeron el año pasado) y de 603 millones en los indirectos, aunque estos últimos crecen para el conjunto del Estado.
Para intentar reconducir la desviación recaudatoria y para frenar el malestar europeo con España (que se volvió a manifestar el viernes en la reunión del Eurogrupo en Bratislava), el Gobierno en funciones reiteró su voluntad de aumentar en 6.000 millones la recaudación del impuesto de sociedades, que acumula un desplome de 2.561 millones hasta julio en relación al mismo mes del año anterior. Para ello el ejecutivo pretende aumentar el pago a cuenta del impuesto, revertiendo así la decisión de hace un año de reducirlo. Aunque en teoría sólo es un anticipo (las empresas financiarán parte del déficit estatal), todo apunta a que se consolidará como una subida del impuesto de facto mediante su prolongación durante al menos los próximos ejercicios y hasta una vez que España salga del expediente sancionador. España se expone a una congelación de fondos europeos por 1.100 millones y a que se reabra una posible sanción por 5.000 millones (si no toma medidas) tras haberse librado en julio de la de 2.000 millones.
