La crisis y proceso concurso de Fundición Nodular, que abocó al cierre y cese de actividad de la compañía de Lugones fabricante de cilindros de laminación para la industria siderúrgica, ha desembocado en un entrecruzamiento de procesos judiciales y acusaciones en los ámbitos mercantil y penal entre los antiguos responsables de la empresa y la administración concursal.
La administración concursal mantuvo en la vista celebrada anteayer, y que se prolongó hasta las once de la noche, la petición de concurso culpable contra los antiguos administradores y un directivo de la empresa, para los que reclama el pago de 46 millones para cubrir el pasivo de la sociedad. También solicita penas de inhabilitación de hasta diez años para el desempeño de cargos societarios para 15 consejeros y un directivo. La administración concursal alegas supuestas irregularidades contables durante la gestión previa a la suspensión de pagos y el supuesto retraso en la petición del concurso, lo que podría haber agravado la insolvencia de la sociedad en perjuicio de los acreedores.
Por el contrario, los responsables de la compañía reiteraron la petición de que se declare concurso fortuito.
Ambas partes presentaron informes de diversos peritos en defensa de sus posiciones. El antiguo consejo invoca a su vez las auditorías de la sociedad, que informaron las cuentas de forma favorable y no advirtieron la existencia de anomalías ni reflejaron salvedades en sus dictámenes.
La vista se reanudará en octubre, aunque la sentencia en el juzgado de lo mercantil quedará condicionada al desarrollo de un proceso en el ámbito penal tras haber interpuesto un exdirectivo de Nodular una querella criminal contra la administración concursal, a la que atribuye la supuesta violación de secretos, información privada de trabajadores y directivos, y vulneración de la protección de datos en el volcado de datos de la empresa en sus informes. La querella fue admitida a trámite el 25 de agosto y las primeras declaraciones, en el curso de las diligencias previas, se tomarán en octubre.
La fábrica, terrenos e instalaciones fueron adjudicados en noviembre de 2014 a un inversor, Tennyson Investment, que finalmente no desembolsó el dinero comprometido.
