El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica tiene algunas peculiaridades técnicas que han estimulado la aparición de "paraísos fiscales" en algunos ayuntamientos españoles. El contribuyente obligado al pago del tributo no es directamene el propietario del vehículo, sino el titular del permiso de circulación, que puede ser o no el dueño, y el ayuntamiento donde se paga se determina asimismo según la residencia que figura en ese permiso.

La combinación de esa norma y de la capacidad de los ayuntamientos para fijar una tarifa mayor o menor incentiva a veces la domiciliación masiva de vehículos en municipios con baja tributación. Ocurre en concejos pequeños y situados en las proximidades de las grandes capitales. Un caso paradigmático es el de Aguilar de Segarra, en la provincia de Barcelona. Tiene un censo de 44.746 turismos y 13.537 camiones cuando su población es de apenas 250 habitantes. Tal fenómeno, que se reproduce en varias localidades cercanas a Madrid, se explica porque grandes compañías de flotas de camiones y de alquiler de vehículos domicilian allí sus parques móviles para ahorrar. El único requisito es tener una propiedad o un alquiler en la zona.