El ministro de Justicia y Fomento en funciones, Rafael Catalá, defendió ayer que el Estado asuma la gestión de las autopistas radiales de Madrid (la R-3, Madrid-Arganda, y la R-5, Madrid-Navalcarnero), actualmente en proceso concursal, y apuntó que su rescate, valorado en unos 8.000 millones, puede resultar "un buen negocio".
"No es un rescate por nada, no es poner dinero público para nada, son infraestructuras que tienen un alto coste (...) a lo mejor es un buen negocio porque nos han salido mucho más baratas de lo que hubiesen costado si las hubiésemos realizado con cargo a los presupuestos en aquel momento", defendió Catalá en declaraciones en TVE. "No es dinero tirado ni mucho menos", subrayó el ministro, para quien lo importante es que las autopistas sigan abiertas, se mantenga negocio y empleo con el horizonte de que en unos años vuelvan a recuperar tráfico.
El pasado viernes, el juez de lo Mercantil número 6 de Madrid decidió que estas radiales siguieran funcionado en manos de sus concesionarias evitando así su cierre el 1 de octubre. Tras esto, habrá que esperar dos meses para conocer el auto que aprobará el plan de liquidación. La compensación a las empresas ascenderá a unos 8.000 millones de euros, según una estimación de la patronal de las grandes constructoras (Seopan).
Fomento se había comprometido a asumir la explotación de estas autopistas pero había solicitado un plazo de 9 meses para que la transición se hiciese de forma ordenada. Las autopistas fueron desarrolladas bajo el Gobierno de José María Aznar y siendo ministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos.
