El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado al Ministerio de Defensa a indemnizar a una trabajadora interina con casi siete años de antigüedad con 20 días por año trabajado, la misma indemnización que si hubiese tenido un contrato indefinido. La magistratura ha tomado esa decisión tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que ha abierto la puerta a que los trabajadores interinos y otros temporales reciban iguales indemnizaciones que los que tienen contratos indefinidos y son despedidos.

La resolución estima en parte el recurso interpuesto por la extrabajadora del Ministerio de Defensa, que reclamaba el despido improcedente, indemnizado con 33 días por año trabajado. El tribunal entiende que se trata de un despido por causas objetivas y le iguala la indemnización a la de un trabajador fijo, con lo que condena a Defensa a pagarle 6.141,85 euros.

Esta resolución del TSJ se dicta tras elevar en diciembre de 2014 ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una petición de decisión prejudicial. Hace unas semanas los jueces europeos concluyeron que España no puede discriminar en las indemnizaciones por despido a los trabajadores eventuales que realizan tareas equiparables a las de los fijos. Los trabajadores con contratos de interinidad (de sustitución de otro trabajador por baja de enfermedad u otro motivo) no tienen ahora derecho a ninguna indemnización al vencer sus contratos, y los demás empleados temporales (con contratos eventuales por circunstancias de la producción o por obra y servicio) reciben una compensación de 12 días de salario por año trabajado.

El Gobierno en funciones ha asumido que la doctrina del Tribunal Europeo, aplicada ya en la referida sentencia de Madrid, obliga a reformar la situación de los trabajadores interinos. Según los sindicatos, los efectos también pueden alcanzar a otros trabajadores temporales.

Al hilo de esta sentencia y de otra reciente que reconoce el derecho de los trabajadores interinos a quedar fijos cuando encadenan contratos, CC OO de Asturias ha iniciado una campaña para promover reclamaciones ante los juzgado de lo social, principalmente por casos relacionados con la Administración pública.