En el plazo de dos años, las relaciones entre personas jurídicas (empresas, asociaciones, comunidades de vecinos...) y la Administración pública tendrán que ser completamente telemáticas, sin ningún papel de por medio. Así figura en una nueva normativa nacional que, aguas abajo, obliga al resto de administraciones a ponerse las pilas para que las relaciones on-line fructifiquen. Estos cambios legislativos fueron presentados y analizados ayer en Oviedo en unas jornadas organizadas por la patronal asturiana FADE.
La normativa, según explicó la profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo y consultora de Ontier Mónica Álvarez tiene como objetivos acabar con buena parte de la burocracia y conseguir que las gestiones sean más ágiles, transparentes y eficientes. El problema es que la Administración local va bastante retrasada en su adaptación por la falta de medios. "La ley cuenta con unas determinadas obligaciones que para los ayuntamientos son difíciles de cumplir, y ha pillado por sorpresa a muchos de ellos", asegura.
Con el objetivo de facilitar esa integración y de que lo digital tome el relevo del papel de forma eficaz, el Gobierno nacional ha dado un plazo a las administraciones para que se adapten. El tiempo comenzó a contar en octubre del año pasado, y desde entonces se han ido dando algunos pasos, aunque aún queda bastante camino por recorrer, añade Mónica Álvarez.
Por su parte, el resto del público tendrá la opción de elegir cómo quiere que sea su relación con la Administración: bien telemática, como para las empresas y asociaciones, o en papel, como hasta ahora.
