La primera tarea del próximo Gobierno, si es que se consuma el giro del PSOE del "no es no" a la abstención y con ello la investidura de Mariano Rajoy, será sacar la tijera de recortar o la máquina de subir impuestos. El plan presupuestario de 2017 que el Ejecutivo en funciones acaba de remitir a Bruselas -una prórroga de las cuentas de 2016 actualizada con las proyecciones macroeconómicas para el nuevo año- deja ver el tamaño del ajuste fiscal que España debería realizar para cumplir el objetivo de reducción del déficit: el desfase entre gastos e ingresos será, según una primera estimación, equivalente al 3,6% del producto interior bruto (PIB), medio punto por encima del límite (3,1%), y por tanto a los nuevos gobernantes les corresponde "tomar medidas" para obtener un ahorro de unos 5.500 millones de euros. Tanto como el conjunto de la aportación pública al sistema de dependencia o cuatro veces el presupuesto de becas del Ministerio de Educación.
España encara el mandato europeo de ingerir esa nueva dosis de austeridad en un contexto de máxima dificultad política y también de incertidumbres económicas. Por más que el ministro Luis de Guindos defendiera en público una tesis distinta unos meses atrás, el boquete fiscal no se tapará son la simple mejora de recaudación que pueda traer el crecimiento económico. En primer lugar porque tal crecimiento no será en 2017 tan vigoroso como en los dos últimos años. En 2015, con el PIB creciendo al 3,1%, el déficit bajó mínimamente (del 5,90% al 5,08%) y en 2016, con la economía moviéndose a una velocidad análoga, el Gobierno en funciones ha tenido que tomar decisiones extraordinarias (subida de los pagos fraccionados del impuesto de sociedades, cierre anticipado de la ventanilla de gastos...) para intentar bajar al 4,6%. Ambos resultados se explican en buena parte por el impacto en los ingresos de las rebajas tributarias del PP en dos años electorales y por el agujero en las cotizaciones de la Seguridad Social, asociado al deterioro de los salarios.
Así que cuesta creer que los números puedan casar sin traumas en 2017, que el déficit baje del 4,6% (esperado para fines de 2016) al 3,1% sólo con la aportación de un crecimiento económico que, según pronóstico del propio Gobierno, se desacelerará hasta el 2,3%. Y más cuesta creerlo porque Europa, que perdonó una multa pero sigue con el palo en la mano por la indisciplina presupuestaria de España, exige lo que llama reducciones "estructurales" del déficit, no apaños como los recientes. Un ejemplo de lo que ya se pide desde Bruselas: subir el IVA por la vía de suprimir los tipos reducidos que aligeran la carga fiscal de las compras más básicas.
Exigencias como esa llegarán con un Gobierno, si es que lo hay, que estará en minoría en el Congreso y por ello obligado a recabar apoyos de la oposición para cualquier ajuste, y con el PSOE necesitado de poner tierra de por medio con Rajoy desde el minuto siguiente a la investidura, si es que finalmente los socialistas la permiten con su abstención.
