El Gobierno en funciones se ha comprometido con Bruselas a prorrogar el impuesto de patrimonio, medida con un impacto de 1.300 millones de euros a partir de 2017, y a la posibilidad de aplicar coeficientes incrementados del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para contribuir al cumplimiento del objetivo de déficit del 3,1% comprometido para 2017. Se trata de dos medidas que se incluyen cada año en los Presupuestos del Estado.
