Abrir el grifo en Langreo es bastante más caro que hacerlo a sólo unos kilómetros de distancia, en Laviana. La diferencia en la factura no es poca cosa y puede llegar a superar los cien euros al cabo del año. El municipio langreano es, según un estudio que acaba de divulgar la Unión de Consumidores de Asturias (UCE), el que tiene el precio del agua más caro entre los veinte concejos más poblados de la región. De media son 12,37 euros al mes para una vivienda ocupada por dos personas y con un consumo de diez metros cúbicos. La factura anual, de 148 euros (sin incluir el IVA y el canon de saneamiento), está casi 50 euros por encima de la media regional (de unos 100 euros). Por contra, los lavianeses son los que tienen un precio más bajo: 43 euros anuales.
"Entre los municipios asturianos hay una enorme variabilidad en la factura", señaló ayer el autor del informe y responsable del Observatorio de Transparencia de la UCE, Pablo García. Gran parte de esas diferencias se debe a los recargos que cada Ayuntamiento aplica sobre el consumo, lo que acaba pesando con fuerza en la factura. Langreo es uno de los concejos que más penalizan el gasto de agua, con seis tramos de precio. Le supera Siero, con siete, aunque paradójicamente este territorio no está entre los que tienen la factura más cara. Más bien todo lo contrario: la de Siero es la tercera más barata, con un coste de 6,51 euros al mes para el caso citado.
Dacio Alonso, presidente de la UCE, resaltó que en los municipios donde la gestión del agua está en manos de una empresa privada (doce de los veinte concejos analizados) es donde también hay un mayor número de tasas locales que acaban hinchando la factura de los consumidores. Entre ellas, algunas referidas al mantenimiento de los contadores, a la acometida o al alcantarillado. Según la citada organización, el conjunto de los impuestos puede llegar a alcanzar el 80% de la factura y supone el 40% en el mejor de los casos.
El hecho de que el servicio esté en manos públicas, remarca el informe, tampoco es sinónimo de que el precio del agua vaya a ser más bajo. En Mieres, el servicio está gestionado por el Ayuntamiento y en Gijón lo lleva una empresa municipal. Y ambos concejos ocupan, junto a Langreo (con participación privada en la gestión), los primeros puestos del ranking. En el municipio mierense, el segundo más caro, el recibo llega a los 11,72 euros al mes, y en Gijón se alcanzan los 11,5 euros.
En un escalón inmediatamente por debajo están siete ayuntamientos (Lena, Grado, Oviedo, Aller, Cangas del Narcea, Avilés y Llanera) donde este servicio está gestionado por una compañía privada, y que tienen, excepto el municipio lenense, unos precios muy similares: entre 9,53 y 8,89 euros mensuales.
"La comparación se ha hecho muy complicada, porque los datos no son homogéneos y hay poca transparencia, y pocos impuestos que sean iguales de un municipio a otro", apuntó Dacio Alonso. Tampoco hay, criticó el presidente de la UCE, información clara sobre a qué se destina el dinero que se recauda con la gestión del agua y que, apuntó, debería ir dirigido a mejorar este mismo servicio.
"El caso de Langreo es paradigmático de lo que no se debe hacer", apuntó Alonso. En un tono similar, Pablo García destacó que "incluso entre la población del concejo hay bastante malestar porque desde que este servicio se privatizó (está en manos de una sociedad de capital mixto) los precios han subido bastante". Y eso, apuntan, pese a que el Consistorio dispone de dos traídas municipales, una en El Raigosu y otra en Laviana, lo que a priori debería de servir para abaratar los costes. "No tienen necesidad de comprar el agua a Cadasa, y encima cobran a los usuarios tasas que podrían estar repitiéndose, como son las que imponen por el alquiler y el mantenimiento de los contadores", explicó García. Y añadió: "Creemos que están cobrando por el mismo servicio dos veces, y es algo que ya están analizando nuestros servicios jurídicos".
Sumando el IVA y el canon de saneamiento, el gasto medio para una pareja asturiana que consume diez metros cúbicos mensuales alcanza los 194 euros anuales. La UCE también critica que hay bastantes ayuntamientos que carecen de bonificaciones y exenciones que se adapten a las familias que están en riesgo de pobreza y de exclusión social.
