La ingeniería fiscal de las multinacionales supone para los estados de la UE un quebranto de 70.000 millones de euros al año. Se ha estimado así al hilo de la ofensiva que las autoridades comunitarias parecen estar protagonizando contra la elusión: sanción multimillonaria a Apple (13.000 millones), investigaciones sobre otros gigantes (Google, Amazon, Starbucks o McDonald's) y anuncio de nuevas medidas legislativas para armonizar las bases imponibles del impuesto de sociedades, las marañas de bonificaciones, deducciones y otros agujeros tributarios que, combinados con la creatividad societaria de las corporaciones transnacionales, permiten que alguien reubique por ejemplo sus gastos financieros en aquel país donde las bonificaciones son mayores y que a la vez exporte los beneficios de su negocio a aquellos otros lugares que, dentro o fuera de la UE, tienen tipos impositivos bajos o casi nulos.
La Gran Recesión trajo muchas penurias para las haciendas de muchos países y ello rearmó los discursos contra la evasión y la elusión fiscal. En 2013, el G-20 acordó poner en marcha una estrategia global frente a esas prácticas cuya coordinación fue encargada a la OCDE. Ese organismo ha alumbrado el proyecto llamado BEPS y concebido para frenar la erosión de las bases imponibles y otros artificios que colisionan con el criterio internacional según el cual la imposición debe producirse allí donde se generan los rendimientos.
La tarea normativa es de enorme complejidad. Piénsese que uno de los puntos de BEPS, el que se refiere a la necesidad de incorporar cláusulas anti-abuso en los convenios sobre doble imposición (otro de los coladeros del sistema), va a suponer sólo para España revisar más de 90 acuerdos con otros tantos países.
Los pasos que está dando Europa, conectados con la iniciativa global BEPS, han suscitado presiones de "lobbies" y amenazas de deslocalización o desinversión por algunas multinacionales. Tal riesgo existe y la forma da atemperarlo es conseguir que, de manera efectiva, la lucha contra la planificación fiscal más agresiva sea tratada como un problema planetario y que como tal requiere medidas de gobernanza global, como también se precisan para otras facetas del lado oscuro de la globalización (cambio climático, dumping social...).
Aun bajo amenaza, Europa debe actuar con energía ante los peores manejos fiscales porque, además de las finanzas públicas, están en juego la equidad y la justicia tributarias, a la postre la legitimidad de los estados para exigir al resto de contribuyentes que sostengan el Estado del bienestar, el arnés de seguridad que sujeta la forma de vida de los europeos y la estabilidad social en sus países.
