La inversión es el capítulo presupuestario del Estado y también de la Administración asturiana donde los recortes han sido más profundos durante el último sexenio de políticas de austeridad y dificultades severas en las cuentas públicas. Los desembolsos del Gobierno central para infraestructuras y equipamientos han caído en España a mínimos inéditos hasta donde llegan las estadísticas (suponen el 2,1% del PIB en 2016) y las inversiones del Principado han sufrido un derrumbe del 70% desde 2010. Y las expectativas para 2017 apuntan que la tendencia no va a cambiar de signo, con el país bajo el mandato europeo de hacer nuevos recortes (5.500 millones) y con Asturias sometida al riesgo de otra prórroga presupuestaria por los desacuerdos políticos.
La información reunida por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre la gestión de los gobiernos autonómicos concluye que la inversión ha sido el capítulo que mayor descalabro ha registrado entre 2010 y 2015 y que ha ocurrido así en todas las regiones. La combinación de los quebrantos en los ingresos y de las políticas de austeridad ha llevado por lo general a una contención o disminución moderada de los gastos de personal y otros corrientes, a una escalada de los gastos financieros por el aumento exponencial de la deuda y a una drástica reducción de las inversiones.
Los datos sobre Asturias que maneja Fedea son los que se exponen en los siguientes puntos.
Personal. El gasto en salarios y cotizaciones sociales representa casi el 40% del presupuesto asturiano. En 2015, el desembolso fue de 1.545,8 millones de euros, el 2,7% menos que en 2010, año en el que comenzaron las primera medidas de austeridad referidas a las plantillas públicas (recortes en las pagas extras y reducción de contrataciones). El ajuste en Asturias fue más intenso que el promedio de las 17 autonomías (1%).
Intereses. El Principado destinó al pago de intereses de la deuda 71,3 millones en 2015, cifras que más que duplican las de 2010 (31,9). En 2014 llegaron a rozarse los 120 millones. El notable ahorro registrado al año siguiente obedece a la mejora de las condiciones del Fondo de Liquidez Autonómico y del Fondo de Proveedores, los mecanismos de apoyo financiero a las autonomías creados por el Gobierno central. En 2014, el coste total del servicio de la deuda (intereses más amortizaciones) supuso por encima de 400 millones en Asturias, una cantidad claramente superior a la destinada a inversión.
Inversiones. Las llamadas operaciones de capital (inversiones realizadas directamente por el Principado) y las transferencias de capital (asignaciones de fondos a otras entidades para invertir) ascendieron a 278 millones en 2015, el 70% menos que en 2010 (927 millones). Navarra es la única autonomía donde el hachazo a la inversión ha sido superior. La media de todas las autonomías es del 49%.
Los números señalan que en Asturias, como en el resto de España, el reequilibrio de las cuentas públicas se ha buscado básicamente recortando la inversión. Se ha tenido que sacrificar ese capítulo para preservar los servicios sociales (sanidad y educación, principalmente), según han argumentado miembros del Gobierno asturiano en distintas ocasiones. El economista Ángel de la Fuente, presidente de Fedea, ha formulado la siguiente objeción en uno de sus últimos informes, refieriéndose al conjunto de las autonomías: "La situación de las finanzas regionales sigue siendo delicada. Un factor añadido de preocupación es que buena parte de la mejora de los saldos presupuestarios autonómicos registrada durante los últimos ejercicios se debe a un profundo recorte de las partidas de inversión que seguramente no podrá mantenerse por mucho tiempo sin comprometer la calidad de los servicios de titularidad autonómica".
Cabe precisar que el de la inversión es un cajón presupuestario al que van los gastos en obras públicas (carreteras, colegios, centros sanitarios, actuaciones ambientales...) y también el equipamiento de los centros de servicios (la compra de fondos para bibliotecas o la de mobiliario para un colegio o un centro médico, por ejemplo).
El historial reciente de gobiernos regionales en minoría y ausencia de alianzas estables ha acentuado la sequía inversora. En tres de los últimos seis años (2012, 2014 y 2016), el Principado ha tenido que recurrir a prórrogas presupuestarias, situación que por lo común tiene efectos contractivos sobre la inversión, como han destacado últimamente la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y los sindicatos UGT y CC OO, firmantes con el Principado de un acuerdo de concertación que incluye el compromiso de relanzar la licitación de obras. No hacerlo sería, según la patronal, "desaprovechar un instrumento clave para la dinamización regional", en alusión al papel de estímulo económico que pueden suponer las inversiones públicas en épocas de crisis. El criterio de FADE, expuesto ante la discusión presupuestaria de 2015, es que "la inversión es la gran olvidada (en las cuentas regionales) cuando debería ser una clara prioridad".
