La Nueva España

La Nueva España

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

ANÁLISIS

El ajuste que viene y las pensiones

Opciones para reducir el déficit

Luis de Guindos, ministro de Economía e Industria, señaló ayer, durante una intervención ante banqueros, que la política económica del nuevo Gobierno tendrá entre sus prioridades "cumplir con nuestros compromisos fiscales con Bruselas" y "acometer una reforma del sistema de pensiones que dé respuesta a los retos demográficos y permita cerrar el déficit existente en estos momentos". España tiene el mandato europeo de reducir el déficit del Estado del 4,6% del producto interior bruto (PIB) en 2016 al 3,1% en 2017, incluyendo un "ajuste estructural" de 5.500 millones de euros, con ahorros de costes o aumentos de ingresos que lleguen al tuétano del sistema, que perduren con independencia de cómo le vaya al PIB.

¿Que más puede recortar o qué impuestos puede subir el Gobierno del PP, ahora en minoría? La selección de las medidas presupuestarias estará condicionada por la obligación de encontrar aliados en la oposición, cómplices que compartan con el equipo de Mariano Rajoy el coste político de volver a sacar al tijera. Una forma de buscar un guión es mirar los números más recientes del déficit: hasta agosto, el mayor desfase correspondía a la Administración central (déficit del 2,82% del PIB, un 28% superior al de 2015), que se explica en parte por la caída de la recaudación fiscal ligada a las rebajas tributarias preelectorales y por un aumento de los recursos proporcionados a las comunidades autónomas; estas últimas parecen haber embridado su propio agujero (0,07%), aunque no todas cumplen; mientras que el déficit de la Seguridad Social (0,6% del PIB) casi se ha duplicado en un año, dejando en evidencia las dificultades que atraviesa el sistema de pensiones, que camina hacia el agotamiento del Fondo de Reserva en 2017 y ha abierto una vía de agua en las cuentas públicas que por ahora no ha menguado ni con la creación de empleo (la caída de los salarios erosiona los ingresos por cotizaciones) ni con los recortes en la generosidad de las prestaciones (aumento de edad legal de jubilación, ampliación de los años para el cálculo de la base reguladora, mínima revalorización anual...)

Así que, colocados sobre ese mapa del déficit, no es descabellado sugerir que en primer lugar se ponga el foco sobre el boquete que está abierto en la Seguridad Social, también porque cabe intuir que son posibles entendimientos políticos sobre algunas cuestiones: la primera, el reconocimiento mismo de la urgencia de actuar sobre el sistema de pensiones; la segunda, que en esta ocasión la intervención debería producirse por el lado de los ingresos, porque por el de la cuantía de las pensiones se han decidido ya sacrificios que, aunque con efecto retardado, serán singularmente dolorosos para los futuros jubilados (se estima que la combinación de las reformas aprobadas en 2010 y 2012 reducirá sus prestaciones hasta el 30%); una tercera cuestión pudiera ser que, entre las formas de actuar sobre los ingresos, subir las cotizaciones que pagan empresas y trabajadores está contraindicado para la creación de empleo y si se quieren evitar más daños en los salarios. Hay otras formas de intervenir. Por ejemplo, revisando el catálogo de bonificaciones y reducciones ("tarifas planas" incluidas), que cuesta cada año más de 3.500 millones de euros y cuya efectividad como estímulo a la contratación es muy discutible. Y si para rebajar el déficit se pone sobre la mesa alguna subida tributaria, que se diseñe, con la progresividad adecuada, pensando en destinar la recaudación a sostener las pensiones. La Seguridad Social tuvo el pasado año un agujero de 13.150 millones, más que el doble del esfuerzo fiscal que Bruselas pide para 2017. Actuar ahí es hacerlo a la vez sobre dos de las prioridades que ayer señaló Luis de Guindos.

Compartir el artículo

stats