25 de noviembre de 2016
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Las nuevas reglas del procedimiento administrativo priman la figura del "delator"

Críticas de los asesores fiscales a la normativa que extiende la digitalización

25.11.2016 | 03:59
Esaú Alarcón.

Quien, siendo corresponsable por ejemplo de una irregularidad urbanística, advierta de la infracción a la Administración competente y delate a los demás responsables puede quedar liberado de sanción. Ese mecanismo llamado de "clemencia" y que estimula la delación es una de las novedades de la ley de procedimiento administrativo común, que entró en vigor el pasado mes de octubre, según se puso de manifiesto durante la jornada que la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEAF) dedicó ayer en Oviedo a analizar críticamente una normativa que, entre otros aspectos, regula la extensión de la Administración electrónica en España.

Esaú Alarcón, jurista y directivo de AEDAF, pronunció una conferencia en la que abundó en cuestiones de la nueva legislación que, según su criterio, ponen en evidencia la falta de seguridad jurídica de los ciudadanos en sus relaciones electrónicas con la Administración desde la aprobación de las reformas. Destacó que existen aspectos confusos e ineficientes en asuntos como el cómputo de plazos (por horas) o en la obligación que ya tienen las empresas de llevar por medios telemáticos sus relaciones con la Administración, incluida la tributaria. Durante el coloquio que siguió a la ponencia de Alarcón, se comentó, por ejemplo, que la situación es tal que una empresa puede verse obligada a "digitalizar cincuenta cajas de facturas" ante un requerimiento de información de la Agencia Tributaria.

La norma no establece de momento la misma obligatoriedad de usar la vía electrónica (internet) en las relaciones de las personas físicas con las distintas Administraciones. Esaú Alarcón mencionó como otra de las peculiaridades de la normativa que se considerará legal que la notificación de un procedimiento (una multa, por ejemplo) sea recibida por personas que no sean mayores de edad y superen los 14 años. "La notificación es válida si se entrega a un niño de catorce; ojo con que no se vaya a perseguir pokemons y la carta de extravíe", bromeó el conferenciante. Hasta ahora el límite de edad del receptor para que las comunicaciones de la Administración fueran consideradas válidas estaba en 18 años, salvo en el caso de la Agencia Tributaria, que ya aplicaba la regla de los catorce.

El mecanismo de "clemencia" o delación, explicó también el jurista, se generaliza, de forma que permite a un individuo eludir multas u obtener una rebaja en ella si denuncia a otros responsables de irregularidades sancionables en vía administrativa.

Alarcón citó en otro momento al magistrado José Ramón Chaves, destinado durante años en Asturias, quien ha afirmado que la nueva legislación de procedimiento administrativo es "un curioso caso de esquizofrenia jurídica".

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