El Gobierno español diseñó el viernes sus previsiones macroeconómicas para el periodo 2017-2019 sobre la premisa de que el precio del petróleo se mantenga durante ese periodo entre los 50,2 y los 52,4 dólares por barril. Desde el martes, y un mes antes de la entrada en vigor del recorte de producción de crudo pactado por la OPEP, la cotización ya se ha situado por encima de ambas referencias y rebasa los 54 dólares.
El crudo ultrabarato (llegó a caer a los 29 dólares en enero frente a los 115 de junio de 2014) era una anomalía que estaba causando daños en la economía global y suponía una amenaza deflacionaria inquietante para economías muy endeudadas como la española.
Sin embargo, siendo España un país muy dependiente del crudo, el abaratamiento del petróleo fue una ayuda crucial en la intensidad diferencial de la recuperación española de los últimos ejercicios, a la que también contribuyeron la consiguiente inflación negativa, el euro depreciado, los tipos oficiales de interés en el 0%, la compra masiva de deuda soberana por el BCE y el turismo en récord por las crisis geopolíticas en la cuenca del Mediterráneo. En torno a un tercio de la recuperación española obedece a estos factores externos. Ahora el riesgo es que estos vientos favorables se den la vuelta. España es doblemente dependiente del crudo. Lo es porque se trata de una de las economías avanzadas que más derivados del petróleo consume por unidad de PIB y porque también es una de las más dependientes de su importación. Esto explica que fuese uno de los países más favorecidos por el abaratamiento del barril desde 2014.
Si los ajustes de producción siguiesen elevando la cotización del crudo, el cuadro macroeconómico del Gobierno y sus previsiones sobre crecimiento del PIB, inflación, saldo exterior, empleo, coste de la deuda, tipos de interés y cumplimiento de los compromisos de déficit con la UE podrían fracasar.
Un crudo caro dañaría la competitividad de las empresas en el exterior, dado que la española es una economía con alta intensidad energética (consumo de energía primaria por PIB); acrecentaría el peso de las importaciones en nuestra balanza bienes y servicios, generando déficit comercial, y restaría capacidad adquisitiva a la población. Por consiguiente, reduciría la contribución al PIB tanto por la demanda interna como por el sector exterior. Y menos PIB se traduciría en menos empleo y en el posible incumplimiento del resto de los objetivos macroeconómicos del Gobierno.
La apreciación del petróleo es inflacionaria. Esto, mientras no se desborde, sería favorable porque ayudaría a reducir el déficit fiscal y a atenuar el peso de las elevadas deudas pública y privada del país, pero restará capacidad adquisitiva a los asalariados y a los pensionistas. Esto acrecentaría el malestar social (con el consiguiente efecto político) y dañaría el consumo.
A su vez, una cierta inflación despejaría el riesgo deflacionario (lo que es positivo) pero esto mismo podría acelerar la retirada de los estímulos monetarios por el Banco Central Europeo (BCE). Y la subida de los tipos de interés y el fin de la compra masiva de deuda por el eurobanco elevará los costes financieros del Estado (con 1,105 billones de deuda, la mayor de la historia), lo que tensionará el déficit fiscal y podría obligar a hacer más recortes o a subir más impuestos. También golpeará a empresas y familias, que siguen muy endeudadas (más de 1,63 billones) aunque hayan reducido sus débitos desde 2008. España tiene además una de las mayores deudas externas del mundo, por lo que es muy vulnerable a un ciclo de tipos al alza.
La carestía del petróleo no es la única amenaza. La probable subida de tipos en EE UU apreciará el dólar y esto supondrá que el crudo será aún más caro en euros.
