La Comisión Europea, tras varios años de estudios y algunas propuestas fallidas, acabará casi por completo con el "roaming", el recargo que las operadoras de telefonía cobran por usar el móvil desde otros países europeos. Los 28 miembros del club comunitario dieron luz verde ayer a la propuesta realizada por Bruselas la semana pasada y que entrará en vigor en junio del próximo año, justo a las puertas del verano, cuando más desplazamientos se producen. En principio no habrá límites para hacer llamadas o para enviar mensajes de texto, pero sí para el consumo de datos. Es decir, para conectarse a internet.

La iniciativa, que tras el visto bueno de los países miembros será aprobada de forma definitiva el jueves, incluye algunos matices. Por ejemplo, las operadoras podrán advertir a los consumidores si han detectado un uso irregular de la tarifa (como que el consumo sea mayor en el extranjero que en el estado de residencia) durante un periodo de cuatro meses. De demostrarse la triquiñuela, la compañía de telefonía podrá penalizar al cliente, que tendrá, en todo caso, un plazo de quince días para justificar su comportamiento. Aunque la Comisión advirtió que "sólo se podrá imponer una carga muy baja por itinerancia" en el caso de que las explicaciones del cliente no sean satisfactorias.

Otra de las novedades de la normativa se refiere a las ventajas de las que podrán beneficiarse los trabajadores fronterizos, empleados que están desplazados a otro país comunitario o, incluso, estudiantes y jubilados que mantienen un vínculo estable con un país aunque no residan oficialmente en él, por lo que podrán beneficiarse de ofertas en el estado en el que trabajen, estudien o pasen un tiempo sustancial.

La Comisión Europea también quiere establecer una serie de límites con el objetivo de evitar que se produzcan "abusos o distorsiones" del mercado debido a abusivas subidas de precio de las operadoras.

Esta legislación llega después de que el Ejecutivo comunitario tuviera que verse obligado a retirar la anterior, en la que se limitaba la itinerancia gratuita a 90 días, después de que los consumidores la rechazaran de plano y pidieran su eliminación completa.