La industria asturiana del frío teme derretirse con el impuesto de gases fluorados. El alza del tributo, que en algunos casos supondrá hasta ocho veces el valor del gas que se utiliza para la refrigeración, pone en riesgo el sector, según denuncia Asfriast, que agrupa a 30 empresas de la refrigeración del Principado.
Los gases fluorados comenzaron a usarse hace tres décadas para sustituir a sustancias que agotan la capa de ozono. Son utilizados principalmente como refrigerantes, pero tienen un elevado potencial de calentamiento atmosférico, por lo que contribuyen al "efecto invernadero" y, con ello, al cambio climático. El Gobierno decidió aplicar progresivamente, a partir de 2014, un impuesto que grava a los gases fluorados. El tipo impositivo está determinado por el potencial de calentamiento global de un kilo de gas en comparación con el causado por el CO2 y la cifra obtenida se multiplica por 0,020 euros, hasta 100 euros.
El Gobierno estableció un régimen transitorio entre 2014 y 2016 para aplicar el impuesto. En el primer año se debía abonar el 33%, en el segundo el 66% y a partir del tercero el 100%. Sin embargo la aplicación se retrasó un año y en 2016 una enmienda al presupuesto permitió mantener la tasa inicial. "Ahora se pasará del 33% al 100% en 2017, una subida abusiva que tendrá graves efectos en el sector de la refrigeración, pero también en el de la alimentación, el comercio o la hostelería", destacó José Carlos Méndez, vicepresidente de Asfriast, cuyos miembros se reunirán mañana en Oviedo para acordar medidas contra el tributo. Los instaladores son los recaudadores del impuesto ya que los equipos nuevos de refrigeración están exentos, pero no así las recargas de gases por fugas o averías. Los instaladores cobran el impuesto a sus clientes y luego hacen la autoliquidación con Hacienda. "Si hay impagos de clientes nosotros tenemos que pagar a Hacienda igual, lo que incrementa el riesgo de insolvencia", afirmó Méndez.
