Los pensionistas volverán a perder poder adquisitivo el próximo año al negarse el Gobierno a subir las prestaciones por encima del 0,25%. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, confirmó que en 2017 se mantendrá la subida mínima legal prevista, con lo que desoye la petición de los sindicatos, que ayer reclamaron que las pensiones suban al menos la previsión de indice de precios al consumo (IPC) para 2017, situada en el 1,4% tras corregirla el Gobierno al alza en dos décimas.

Báñez se reunió ayer con los secretarios generales de UGT y CC OO, Pepe Álvarez e Ignacio Fernández Toxo, y con los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi. En el encuentro, la Ministra confirmó que seguirá en funcionamiento el llamado factor de revalorización de las pensiones, la fórmula que sustituyó a la que, hasta 2013, actualizaba las pensiones con arreglo a la evolución de IPC. Ese mecanismo hace que las prestaciones se revisen en función de la situación presupuestaria de la Seguridad Social, de forma que cuando las cuentas no están equilibradas, como en los últimos tres ejercicios, se aplica una subida mínima legal del 0,25%.

Con la subida mínima los pensionistas perderán poder adquisitivo este año y lo volverán a perderlo el próximo. Hasta noviembre el índice de precios al consumo subió en España el 0,7% con respecto al año anterior y en Asturias la subida fue mayor, del 0,8%. Y para el próximo año la previsión de aumento del IPC es del 1,4%. Las tasas están muy por encima de la subida del 0,25% de las pensiones, con lo que sus beneficiarios perderán poder adquisitivo. Lo contrario a lo que pasó en los tres años anteriores.

"No estamos de acuerdo con el 0,25%, porque las pensiones no pueden empezar a perder poder adquisitivo ahora que la inflación empieza a ser positiva", subrayó Fernández Toxo tras la reunión con Báñez. Por su parte, Pepe Álvarez apuntó que "tiene que quedar claro" que los sindicatos "ni se conforman ni se van a conformar con que este año los pensionistas vean bajar su capacidad de adquisición" y que van a luchar para que la pensión "tenga correspondencia no con la reforma del PP, sino con la inflación real que se produzca en 2017".

Por su lado, los dirigentes empresariales se mostraron a favor de que las pensiones de viudedad y orfandad puedan ser financiadas desde los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "La financiación mediante presupuestos es una realidad estadística que tenemos en estos momentos, ya que la Seguridad Social está con un déficit muy importante que no nos da para más", afirmó el presidente de la CEOE, Juan Rosell.

Tras el encuentro, la ministra Fátima Báñez explicó que a principios del próximo año se creará una mesa de trabajo para hablar también con los agentes sociales de la calidad del empleo y para tratar de que "nadie se quede atrás en la recuperación económica". Ignacio Fernández Toxo precisó que en esa mesa también se hablará de los parados de larga duración, de las prestaciones por desempleo y de la situación de la ley de mutuas "para poder llegar a un acuerdo para una nueva ley".