El Consejo de Ministros dio ayer luz verde a la norma, pactada con el PSOE, que establece el nuevo mecanismo de financiación del bono social de electricidad y refuerza las medidas de protección para los consumidores más vulnerables, prohibiendo la suspensión del suministro eléctrico para aquellos que estén en situación severa y atendidos por los servicios sociales.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, subrayó que con la aprobación de esta normativa se reestablece además la financiación del bono social, que será asumida por todas las comercializadoras de electricidad y no sólo las grandes compañías, una decisión que pretende salvar el escollo que supuso la anulación judicial del sistema anterior.

La norma establece que no podrá suspenderse el suministro eléctrico a los consumidores en situación de especial vulnerabilidad que estén siendo atendidos por los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes. Actualmente, la Ley del Sector Eléctrico ya contempla una serie de suministros considerados esenciales a los que en ningún caso podría cortarse el suministro eléctrico (cárceles, hospitales, etc...).

Así, la normativa pasa a reconocer diferentes tipos de consumidores, que irán desde los ordinarios, aquellos que pueden hacer frente a la factura sin problemas; pasando por aquellos vulnerables que seguirán recibiendo un descuento del 25% sobre el precio de la energía, hasta los vulnerables extremos o severos.

Asimismo, se establece que las eléctricas cofinanciarán una parte de los gastos de las administraciones competentes que estén ya realizando para atender a los consumidores en peor situación.