El juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha dado carpetazo a la investigación sobre el exvicepresidente del Gobierno, el asturiano Rodrigo Rato, por la facturación de sus colaboraciones con Bureau Consulting de Conferenciantes (BCC) al haber prescrito un posible delito fiscal para el ejercicio 2009.
De este modo, el magistrado asume el criterio de la Audiencia Provincial de Madrid, que el pasado octubre ya anuló la pieza sobre COR Comunicación por el mismo motivo, tras comprobar que el plazo para requerir cualquier tipo de responsabilidad expiró el 30 de junio de 2015.
En este sentido, explica que si bien la "denuncia temprana" presentada por la ONIF (Oficina Antifraude dependiente de Hacienda) a la Fiscalía de Madrid en abril de ese año apuntaba a la colaboración con BCC como un "riesgo", no llegó a cuantificar las cantidades supuestamente defraudadas entre 2008 y 2011.
Por este hecho, añade el auto, estas irregularidades no fueron consideradas hasta el pasado 10 de junio, cuando la ONIF, en su sexto informe de avance, cifró el fraude del 2009 en 138.090 euros, en tanto que las cantidades evadidas en el resto de ejercicios no alcanzarían el mínimo establecido por el Código Penal. La operación reportada investigaba entonces la colaboración de Rato con BCC, empresa de la que recibió un total de 1,66 millones de euros y a la que facturaba por las conferencias impartidas entre 2007 y 2014 a través de la mercantil Arada.
Entre otros argumentos, la Audiencia Provincial consideró "fundamental" a la hora de decretar el archivo de la causa el hecho de que Rato no llegara a prestar declaración.
