La Unión de Consumidores de Asturias ha presentado una reclamación extrajudicial ante siete entidades financieras de la región para que éstas en el plazo de 15 días apliquen la sentencia del Tribunal Europeo que afecta a 3.130 reclamaciones hipotecarias por importe de 22 millones de euros. Este movimiento se produce en medio de una avalancha de consultas que los afectados por cláusulas suelo en Asturias están dirigiendo a la banca, a la propia UCE y a los despachos jurídicos para intentar recuperar su dinero.

El presidente de UCE-Asturias, Dacio Alonso, afirmó ayer que la organización que dirige se encuentra "desbordada" desde que el pasado día 21 de diciembre se publicó la sentencia del Tribunal Europeo que obliga a las entidades financieras a devolver el dinero cobrado por las cláusula abusivas y eliminar las mismas en los contratos hipotecarios.

UCE, que ha dado un plazo de dos semanas a las entidades financieras para cumplir con la resolución europea antes de acudir a los tribunales, ha planteado reclamaciones de nulidad por cláusulas presuntamente abusivas al Sabadell-Herrero, ante el que ha interpuesto 1.100 reclamaciones por una cuantía de 4,4 millones de euros. Le sigue por número de reclamaciones la Caja Rural de Asturias, con 840 que suman 5 millones; Banco Popular-Pastor, con 520 y 6,2 millones; Liberbank, con 350 y 3,5 millones; Caixabank, 70 reclamaciones y 420.000 euros, y Caja Rural, con 20 reclamaciones y 100.000 euros.

En los últimos 15 días, subrayó Dacio Alonso, la UCE ha atendido en el Principado a 1.250 personas que desconocían que tenían cláusula suelo en su contrato hipotecario, la cual podría afectar al menos a 40.000 asturianos. Alonso recordó que en Asturias ya se han dictado las tres primeras sentencias judiciales que aplican la resolución del Tribunal europeo y obligan a Caja Rural de Asturias, Banco Popular y Liberbank a eliminar la cláusula suelo y devolver todas las cantidades desde la firma del contrato.

Varios juzgados españoles están empezando a fallar también a favor de quienes reclaman contra las cláusulas que obligan a los prestatarios a correr con todos los gastos de formalización (notario, registro...) e impuestos asociados a la hipotecas.