La patronal CEOE ha clamado contra la última subida del impuesto de sociedades, el que grava los beneficios empresariales. Lo ha hecho con más volumen que otras veces, quizás porque los principales concernidos son esta vez los grandes grupos, quienes más plumas dejan con los nuevos límites a la capacidad de deducir pérdidas de ejercicios anteriores o los deterioros sufridos al invertir en filiales extranjeras. Esos mismos grupos también fueron los principales señalados por la retahíla de cambios que el tributo ha sufrido en estos años: restricciones a la deductibilidad de los gastos financieros, antes extraordinariamente generosa para favorecer el crecimiento empresarial y que favoreció y mucho su endeudamiento, o retoques en las muy liberales reglas que eximen de tributar por los dividendos y plusvalías que las corporaciones obtienen en los países con los que España tiene convenios para evitar la doble imposición. Estos últimos beneficios se ampliaron en 1996 para propiciar la expansión internacional de las empresas españolas y propiciaron, y mucho, que la tributación efectiva de los grandes grupos consolidados fuera a menudo inferior al 6% cuando el tipo nominal era del 30%.
Cada una de esas decisiones que se tomaron en distintos momentos de la crisis es congruente con las recomendaciones internacionales: recomponer las bases imponibles del impuesto desliando la madeja de deducciones y otras bonificaciones que socavan la recaudación y que ponen a disposición de quienes realmente pueden usarlos para su interés particular y en perjuicio del general abundantes materiales para la planificación fiscal agresiva y la elusión.
Sí lleva razón la CEOE en que "no se puede vivir en una continua reforma de los tributos". El de sociedades no sólo tiene trascendencia recaudatoria (es el tercero que más recauda, después del IRPF y el IVA), sino que influye en las decisiones empresariales de inversión, localización y creación de empleo. La estrategia reformadora de los últimos gobiernos (retocando cada poco el impuesto, en lugar de hacer la reforma completa que se necesitaba) es contrario a los principios de seguridad jurídica. Como también es contrario a la equidad y a la justicia tributaria que, aunque haya subido en los últimos años, el tipo efectivo que pagan las grandes empresas equivalga a poco más del 7% del resultado contable cuando el de las pymes es el 14% y la retención media a los asalariados, superior a 16%.
