Las investigaciones desarrolladas desde 2014 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por la Fiscalía y por el juzgado de instrucción número cuatro de Oviedo han puesto el foco sobre el conjunto de fundaciones y sociedades mercantiles que, participadas de forma directa o indirecta por UGT, han intervenido en los cursos de formación, facturándose entre ellas gastos que finalmente se cargaban sobre subvenciones públicas. Al menos parte de la documentación que ayer recogió la Guardia Civil en la sede asturiana del sindicato está relacionada con el funcionamiento de ese ovillo societario, con la emisión de facturas falsas o hinchadas y con el presunto desvío de fondos para financiar UGT.

La ley permite a los beneficiarios de subvenciones contratar con "sociedades vinculadas" (participadas por los beneficiarios directos de las subvenciones). Para ello es preciso que dispongan de autorización de la administración que concede las ayudas y trabajar a precios de mercado. Las empresas de UGT tenían de la comentada autorización del Principado (competente para decidir el reparto del dinero de la formación), pero los investigadores creen que, mediante facturas irregulares o directamente falsas, se hinchaban artificialmente los costes que, por la organización de los cursos, cargaba al Principado directamente UGT o el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES).

Esta fundación nacional está en el centro del entramado societario del sindicato ligado a los cursos de formación. IFES, con delegaciones en todas las autonomías, concurría directamente a las convocatorias de subvenciones en Asturias o era subcontratada por la central cuando era ésta la que presentaba las solicitudes de manera directa. A su vez, la fundación encargaba a sociedades mercantiles de ámbito nacional y controladas por ella misma y por el aparato confederal de UGT (Formación 2020 y Localmur) el suministro de materiales didácticos, el alquiler de aulas y otros servicios.

Según fuentes conocedoras del funcionamiento de IFES, en Asturias la delegación del instituto tenía orden de contratar sistemáticamente sus suministros con sociedades vinculadas, algunas de ellas de ámbito regional y creadas por UGT-Asturias. Así era con Edicom (Ediciones y Comunicación, S. L.), dirigida por Carmen Caballero (una de las personas detenidas ayer) para la edición de folletos y otros materiales. Otro tanto ocurría con Infastur, que alquilaba material de oficina, principalmente ordenadores. Al frente de Infastur ha estado como administradora Mónica Menéndez Vázquez, antigua integrante de una de las comisiones ejecutivas de Justo Rodríguez Braga, de quien es pariente.

UGT siempre ha defendido que el funcionamiento de sus sociedades era legal y que operaba con precios de mercado. En cambio, según la Guardia Civil y la Fiscalía, el sindicato utilizó presuntamente esas empresas (Localmur, Formación 2020, Edicom e Infastur) para emitir facturas a IFES con costes claramente superiores a los normales, que a su vez las repercutió en las subvenciones que recibió del Principado. El fiscal del caso, Gabriel Bernal, apreció en su investigación inicial indicios de esa práctica (susceptible de ser considerada delito de fraude de subvenciones, penado hasta con 5 años de cárcel, y falsedad documental, castigado con hasta 3 años) al menos en las relaciones comerciales entre IFES y Localmur e Infastur. Estimó que entre 2010 y 2013 tales sobrecostes ascendieron a unos 500.000 euros.

¿Cuál fue el destino del dinero, si es que hubo efectivamente fraude? El uso de sociedades vinculadas habría dado a UGT, según la investigación, ingresos para financiar su estructura, algo que también habría ocurrido a través de los llamados "costes elegibles indirectos", un resquicio legal que facultaba a UGT, como a otros beneficiarios de subvenciones, a facturar para sí gastos generales del sindicato (luz, alquileres, nóminas...) por importe de hasta el 20% del coste del curso, aunque la formación fuera subcontratada con IFES.