El exsecretario general de UGT de Asturias, Justo Rodríguez Braga, y los tres sindicalistas y dos trabajadores de esta organización sindical detenidos por la Guardia Civil el pasado martes en sus domicilios, quedaron ayer en libertad en calidad de investigados por presuntos delitos de fraude fiscal en relación a subvenciones públicas ligadas a la formación y falsedad documental. La jueza no decretó medidas cautelares para ninguno de ellos, aunque tendrán que comunicar cambios de domicilio a efectos de posibles notificaciones. Las nuevas decisiones judiciales quedan pendientes del análisis pormenorizado de entre 2.000 y 3.000 folios que forman parte de la investigación y de los que se les dará traslado a las defensas, según confirmaron los letrados.

Según el auto judicial, "habiendo desaparecido los motivos que originaron la detención y puesta a disposición de este Juzgado de la/s personas ya reseñadas en el hecho precedente, procede dejarla sin efecto conforme a lo así prevenido en el art. 497 de la LECRIM, sin que haya lugar a la adopción de medida cautelar alguna contra los mismos". Ya en la parte dispositiva, la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo, Carmen Blanco, establece: "Se deja sin efecto la detención de (nombre del arrestado), quedando el mismo en situación de libertad, sin que haya lugar a la adopción de medida cautelar alguna, con la obligación de comunicar a este Juzgado cuantos cambios de domicilio tuviere".

El desconcierto de los abogados y de los investigados fue mayúsculo, tras el "espectáculo" de su detención y el registro en la sede de UGT de Asturias. Y hubo interpretaciones divergentes sobre el auto de libertad. Los letrados defensores señalaron que los imputados habían quedado en libertad sin cargos, lo que llevo al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) a emitir un comunicado en el que precisaba que "la magistrada ha dictado la orden de libertad sin medida cautelar, pero a partir de este momento, los seis seguirán ostentando la condición de investigados en la causa, abierta en el Juzgado por un delito contra la Hacienda Pública, en su modalidad de fraude en subvenciones y falsedad documental". Esta interpretación fue suscrita también por la Fiscalía.

Francisco González, el abogado que representa a Rodríguez Braga y Carmen Caballero, destacó ayer que fue la Guardia Civil quien tomó la iniciativa en la detención de los seis sindicalistas y trabajadores de UGT, y que la jueza autorizó la operación tras recibir un fax de la UCO. "Después, la jueza dejó sin efecto las detenciones", destacó Alonso, que considera que en este caso "hay dos instrucciones paralelas, las que llevan a cabo la UCO y el juzgado". El letrado no descartó iniciar acciones legales por la forma en la que se realizaron las detenciones y porque "no tienen ninguna explicación".

Justo Rodríguez Braga, Carmen Caballero, Manuel Díaz Cancio, Daniel Rodríguez, Alberto González y Silvia Sariego pasan ahora a engrosar la nómina de investigados (antes denominados imputados) en UGT de Asturias. Los demás son Andrés de Dios Suárez, responsable territorial de la fundación IFES; María Jesús Ocaña, administradora de Localmur, empresa vinculada a IFES y que le alquilaba los locales para los cursos; Mónica Menéndez, administradora de la empresa Infastur, de UGT, y Abel Suárez, actual secretario de organización del sindicato en Asturias. En total, seis sindicalistas y cuatro trabajadores de la organización.

Las detenciones se produjeron el pasado martes en los domicilios de los cuatro sindicalistas y los trabajadores Alberto González y Silvia Sariego. De manera simultánea, un amplio despliegue de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Comandancia de la Guardia Civil en Oviedo desembarcaban en la sede de la UGT de Asturias, ubicada en el centro de la capital asturiana. Armados y algunos con chalecos antibalas, entraron en el inmueble con una orden de registro que practicaron durante siete horas en las plantas 11 y 12 del edificio. En ellas se ubican la Unión Regional, la delegación del instituto de Formación y Estudios Sociales en Asturias (IFES), y la empresa Iniciativas para la Formación en Asturias (Infastur S. L.).

Los detenidos fueron conducidos al cuartel de la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo, en El Rubín. Sólo Daniel Rodríguez fue acompañado primero al HUCA al encontrarse enfermo del corazón y tener que someterse a una revisión por un tratamiento que se le está administrando. Después también fue trasladado al cuartel del Instituto Armado.

Los seis detenidos fueron llevados de la Comandancia de la Guardia Civil a los juzgados a media mañana. A las 11,00 horas en punto entraban al parking subterráneo dos coches de la Guardia Civil y un furgón. Ya en los calabozos del edificio judicial, los arrestados pudieron hablar con sus abogados antes de presentarse ante la juez.

El letrado Francisco Alonso había asegurado previamente que, en función de la documentación que se entregara, recomendarían a sus representados que declarasen o que se acogiesen a su derecho a no hacerlo. En términos similares se pronunció Alejandra Cuadriello, que representa a Manuel Díaz Cancio y a Daniel Rodríguez.

Finalmente, Silvia Sariego fue la única que declaró ante la jueza para ratificarse en el testimonio que había realizado el día antes ante la Guardia Civil, y en el que respondió a preguntas referidas a facturas y documentación comprendida entre los ejercicios 2010 y 2014, según confirmó su abogado, Juan Carlos Rodríguez.

El resto de detenidos no declaró hasta analizar las diligencias que dieron lugar a las detenciones. La documentación que se les entregó fue un CD en el que figuran los autos y al que se unirá en unos días un "pen drive" con más información adicional. En total, según los abogados, tendrán que analizar unos 3.000 folios.