El repunte de la inflación (en tasas positivas desde octubre, y en su mayor nivel desde agosto de 2013) aleja el riesgo de la deflación y hasta puede ayudar al Gobierno de Rajoy a cumplir este año con el objetivo comprometido de déficit fiscal (-3,1% del PIB), una vez que diversas predicciones apuntan "a priori" a una desviación de varias décimas.
Pero el alza del índice general de precios dificultará el cumplimiento de los objetivos de crecimiento porque la inflación va a reducir este año, por vez primera desde 2013, el poder adquisitivo de los salarios y de las pensiones y porque va a acrecentar el empobrecimiento de los ahorradores, todo lo cual mermará previsiblemente la demanda interna. Y, porque al mismo tiempo, y por vez primera también desde el verano de 2013, España ya no dispone del diferencial de inflación negativo que le permitió hasta noviembre una ventaja de competitividad en precios con la Eurozona y la UE (destino de más del 60% de las exportaciones españolas), por lo que la contribución de la demanda externa al producto interior bruto (PIB) también podría resentirse.
El Gobierno (PP) aprobó el 2 de diciembre su escenario macroeconómico hasta 2019 bajo dos supuestos que ese mismo mes quedaron ya superados por la realidad. El ejecutivo confiaba en un precio del crudo de 50,2 dólares el barril en 2017 y de 52,4 en 2018 y 2019, pero el petróleo lleva desde diciembre por encima de esos precios y el viernes cerró en 53,2 dólares. El ejecutivo también esperaba una inflación media del 1,4% en 2017 pero en diciembre la tasa interanual del IPC ya se situó en el 1,6% (1,4% en tasa armonizada con la eurozona) y para 2017 el Banco de España y Funcas prevén crecimientos medios entre el 2 y el 2,2%.
La inflación negativa de los tres últimos años (en 2016 el IPC todavía cerró con un promedio anual del -0,2% pese a la fortísima elevación en el tramo final del ejercicio) permitió a los españoles atenuar desde 2013 el efecto de la devaluación salarial impulsada por la reforma laboral de 2012 y la constricción introducida en 2013 en la revalorización de las pensiones. También alivió parcialmente a los depositantes por los tipos de interés prácticamente nulos con los que la banca remunera el ahorro a la vista y a plazo. Gracias a la inflación negativa, los españoles tuvieron ganancias moderadas de capacidad adquisitiva en 2014 (0,7%), 2015 (1,24%) y 2016 (1,26%) por vez primera desde 2008. Y esto explica, junto con la creación de empleo (y pese a su precariedad y bajos salarios) que la demanda interna haya estado tirando de la economía nacional. Pero esto ya no será igual este año, con un alza del IPC por encima de la revalorización de las pensiones (0,25%), de los salarios (la CEOE propone incrementos del 1,5%, ampliables al 2% en caso de mejora de la productividad) y de los tipos de interés (cercanos al 0%).
Una inflación más baja que en la eurozona y UE permitió a España desde el segundo semestre de 2013 ganar competitividad en su principal mercado de exportación. España dirige a la zona más de dos tercios de sus exportaciones y tiene superávit comercial, mientras que fuera de la UE, y pese a la ayuda del euro depreciado, el país compra más de lo que vende. La composición de la muestra de bienes y servicios cuyos precios contabiliza el IPC no es necesariamente coincidente con la de la actividad exportadora española, pero es, en cualquier caso, un indicador razonable muy expresivo del grado de competitividad exterior de la economía. Y desde octubre esa ventaja se disipó y a partir de noviembre España ha vuelto a ser, como de costumbre, más inflacionaria: en diciembre el IPC armonizado escaló al 1,4% frente al 1,1% de la eurozona y al 1,2% de la UE.
