La Fiscal Superior de Asturias, Esther Fernández, ha dicho hoy, tras anunciar UGT que pedirá explicaciones al Ministerio de Interior por el "asalto" a su sede en Asturias, que el sindicato está en "su derecho de pedir explicaciones y se las darán".

En declaraciones antes de iniciar su comparecencia en la Comisión de Presidencia en la Junta General, ha apuntado que al margen de que haya actuaciones que "gusten o no o parezcan exageradas" lo que hay que valorar es "si son legales o no".

En relación al registro llevado a cabo el pasado mes en la sede del UGT en Oviedo ha explicado que se produjo una entrada y registro para incautar documentación, y a partir de ahí unas detenciones de las personas que parece ser que aparecían indicios suficientes como para que adquirieran las condición de investigados-detenidos.

Ha añadido que las personas arrestadas pasaron a disposición judicial, se les tomó declaración como investigados y quedaron el libertad provisional.

UGT solicitará, de forma inmediata, una reunión con el delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo, y el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, para pedirles explicaciones por la forma en la que se realizaron hace tres semanas los registros a la sede del sindicato en Oviedo y que desembocaron en la detención, durante un día, de cuatro dirigentes y dos trabajadores de la central. El secretario general de la organización , el asturiano José María Álvarez, aseguró, con vehemencia, "queremos que nos digan cuánto dinero se ha gastado en este asalto, qué buscaban y cuánto le ha costado todo esto a la sociedad asturiana".

Álvarez hizo estas declaraciones, junto al secretario regional de UGT, Javier Lanero, tras una asamblea de delegados del sindicato. "Tienen que explicarnos que peligro de delito inminente había para que se produjera ese asalto a nuestra sede", señaló Álvarez, "cuando nosotros hemos colaborado siempre, y lo seguiremos haciendo con la justicia". Tampoco tienen claro qué es lo que buscaba la Unidad Central Operativa (UCO), un organismo que depende de la Guardia Civil, cuando entró en el edificio. "Muchas de las cajas que sacaron estaban vacías e incluso tuvimos que dejarles un lápiz de memoria para que volcaran la información de los ordenadores", puntualizó el sindicalista.

También pidió que se levantara el secreto de sumario del proceso judicial y que se resuelva lo más rápidamente posible. "Nosotros somos los más interesados en que esto vaya rápido", apuntó el sindicalista.

Entre la información requisada el sindicato sospecha que se han podido sustraer datos fundamentales sobre la estrategia de la organización de cara a los próximos meses, en un momento, puntualizó Álvarez, en el que la conflictividad va a ir en aumento.

Visiblemente enfadados, los representantes del sindicato aseguraron que la reunión con el Ministro de Interior puede que no sea la única decisión de que tomen sobre este asunto, ya que no descartan acudir a la vía judicial por el trato recibido. "La ley europea nos avala porque esto es una agresión a la libertad sindical", puntualizó Álvarez.

Por otro lado, el sindicato también auguró que en las próximas semanas se va a producir un aumento de la conflictividad que puede, incluso, desembocar en una movilización. Álvarez criticó con dureza la actitud del PP y de Ciudadanos a la hora de aprobar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por los sindicatos UGT y CC OO para dotar de una renta mínima a los hogares de inserción. Y cargó contra la decisión del Ejecutivo de desligar la subida de las pensiones de la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC).