La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) detectó rentas no declaradas en el IRPF del exministro de Economía Rodrigo Rato por importe superior a 14 millones de euros entre los años 2004 y 2015 y calcula que defraudó cuotas por un importe total cercano a los 6,8 millones de euros.

El origen del dinero defraudado. La ONIF señala que las cuotas supuestamente defraudadas proceden de ganancias de patrimonio no justificadas derivadas del tráfico de dinero con el extranjero y no declarado fiscalmente; ganancias de patrimonio sin previa transmisión de rentas, rendimientos de actividades económicas como conferenciante y gastos de la actividad empresarial que no son deducibles".

Las sociedades instrumentales. El informe de la ONIF, clave para seguir avanzando en la investigación judicial, habla de movimientos de dinero a través de las sociedades panameñas Red Rose Limited y Westcastle, la británica Vivaway y la española Kradonara, ubicada en Sotogrande (Cádiz), que habrían sido utilizadas para ocultar rentas y cuyo beneficiario habría sido el propio Rato. Las sociedades habrían servido "para ocultar la obtención de rentas y la tenencia de un patrimonio financiero" mediante transferencias bancarias internacionales en Luxemburgo, Mónaco, Suiza, Reino Unido y Gibraltar. Para estas operaciones habría contado con la colaboración de dos despachos de abogados: Plazas, de España, y Findsbury Trust, de Gibraltar.

Los desvíos de dinero a un hotel de lujo en Toledo. En 2003, Rodrigo Rato constituyó, con sus dos hermanos, la sociedad dedicada a la publicidad Cor Comunicación, cuyo control adquirió por completo en 2013. El informe concluye que esta sociedad contaba con dos proveeedores (Grupo Macal y Media House) que a su vez pagaron rentas a Montelayos S.L y a su filial Layosalud S.L y atribuye al propio Rato la titularidad de esta última. Precisamente fue Layosalud S.L la que promovió la construcción de un hotel de cinco estrellas en la localidad toledana de Layos y por cuya explotación recibió en 2003 una subvención algo inferior al millón de euros por parte de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, presidida en ese momento por él mismo. El documento de Hacienda determina que el acusado utilizó la sociedad Montelayos (que pertenece a su socio Miguel Ángel Montero Quevedo) para canalizar las rentas que partían de Cor y que tenían como destino la construcción del hotel de lujo. El importe de tales rentas no declaradas asciende a 3,5 millones de euros.

Otras dos operaciones de blanqueo con un hotel en Berlín y el chalet de Cabueñes. El informe añade otras dos operaciones en las que apunta que se ha cometido delito de blanqueo de capitales, que son, además del hotel en Layos, un hotel en Berlín con una inversión de seis millones de euros y un chalet en Cabueñes, en Gijón, con una inversión superior a los 700.000 euros. Esta última propiedad es la casa de 350 metros cuadrados que Rato se construyó como residencia en Asturias.

El filón publicitario de Cajamadrid y Bankia. También las sociedades de publicidad de Cor Comunicación (Publicis y Zenith) "elevaron sustancialmente" los servicios prestados a Caja Madrid y Bankia entre 2011 y 2012 coincidiendo con la etapa de presidencia de Rato, que sucedió a Blesa al frente de la caja extinta en 2010. La mecánica de actuación en este caso consistía en prestar servicios para Albisa Inversiones (sociedad de Alberto Portuondo) cuyos ingresos eran posteriormente remitidos a Kradonara, propiedad de Rato.

Pagos encubiertos por asesorar a empresas del Ibex. Respecto a las cantidades percibidas por CaixaBank, Santander y Telefónica por la labor que Rato prestó en calidad de asesor, el informe remitido al juzgado desglosa que si bien hubo una primera cantidad percibida en calidad de retribución que sí tributaba en el IRPF del acusado, existe una segunda satisfecha "de forma indirecta y encubierta" de diferentes formas.

La retribución camuflada de Caixabank. Rato recibió entre 2008 y 2009 de CaixaBank un millón de euros. En el periodo comprendido entre 2012 y 2015 Cor Comunicación prestó servicios de publicidad a la caja por importe total de 540.000 euros, de los cuales 390.000 encubren una "retribución camuflada" que fue a parar al exvicepresidente del Gobierno a través de unos servicios de publicidad "claramente sobrevalorados" en más de 290.000 euros entre 2014 y 2015, según precisa Hacienda.

La larga relación con el Santander. Con este banco el economista gijonés dejó de colaborar en 2010, coincidiendo con su llegada a la presidencia de Caja Madrid, si bien su sociedad siguió facturando con la entidad que actualmente preside Ana Patricia Botín e ingresó una media de 108.000 euros entre 2008 y 2012. Un año después, cuando ya no era presidente de Bankia, volvió a prestar asesoramiento al banco que firmó nuevos servicios con Cor Comunicación, aumentando por tanto lo contratado con la misma.

La publicidad, un negocio simulado. Hacienda expone en la documentación que la empresa de publicidad de Rodrigo Rato no contaba con una estructura propia que le permitiera diseñar los servicios que prestaba y que por tanto acababan siendo subcontratados a otras empresas. Por ello apunta a que se trataba de un "negocio simulado" para ocultar el verdadero negocio "que no es otro" que la participación de Rato en los Consejos Asesores de las entidades bancarias.

Los pagos de Telefónica no declarados. Rato prestó asesoramiento a Telefónica desde 2013 hasta 2015, años en los que percibió una segunda retribución a través de Kradonara S.L mediante un contrato firmado con la compañía, por lo que lo recibido por estos trabajos habría ido a parar a Rato sin que éste lo declarara al Tesoro Público, según la extensa documentación remitida a los Juzgados de Plaza Castilla. Los rendimientos que consignó en sus declaraciones de IRPF presentadas entre 2013 y 2015 en lo que respecta a Telefónica asciende a 700.000 euros. Esta cantidad se suma al rendimiento obtenido por la sociedad Arada (618.189 euros), Bankia (887.497) Guide Brigde (367.558 euros), Cor (1.223.329 euros) y 7.382.987 en el capítulo relacionado con divisas. Todo ello asciende a 14 millones de euros entre 2004 y 2013.

La sociedad que factura las conferencias. La ONIF recoge también la actividad de la sociedad Arada, fundada en 1982, y que registró sus ingresos más relevantes entre 2009 y 2012, en su mayor parte por actividades relacionadas con conferencia cuyos gastos declarados no tienen relación en su mayoría con los ingresos. El desglose de los gastos revela que Arada facturó a BCC por impartir conferencias entre 2007 y 2014 cerca de un millón y medio de euros. También prestó servicios a Muinmo S.L y Kradonara, según el informe que expone que Arada es más un centro de gasto que una sociedad propiamente dicha destinada a la obtención de lucro mercantil y que contiene gastos no relacionados con sus ingresos además de partidas que corresponden al inmueble de uso particular de Cabueñes.

Los pagos de la patronal del seguro y de un banco turco. El exbanquero tampoco habría tributado por los servicios prestados a la patronal del seguro, Unespa, entre 2008 y 2010, 375.920 euros que también facturó a través de Arada, empresa que en tres lustros no habría pagado "ni un euro" en el impuesto de sociedades. La misma empresa recibió entre 2010 y 2014 un total de 120.000 dólares por asesoramientos al banco turco Akbank, importe que tampoco habría declarado a Hacienda.

Y un posible delito de insolvencia punible. El octavo informe de la Agencia Tributaria advierte de la posible existencia de un delito de insolvencia punible derivado de un impago de Muinmo S.L, antigua Rueda de Emisoras Rato S.L, y que se encuentra en situación de concurso voluntario dictado por el Juzgado de Lo Mercantil número 2 de Madrid en 2014. La ONIF determina que con esta empresa Rato habría creado créditos por valor de 871.525,86 euros y que "siempre" pudo haber hecho frente a los pagos debidos a la Agencia Tributaria pero "continuamente" el dinero obtenido en las ventas de los activos era desviado a personas o entidades especialmente relacionadas con el acusado. Además añade que se está ante una liquidación desordenada de la sociedad, la cual se "despatrimonializa mediante transferencias de efectivo", de ahí el impago de las deudas contraídas con la Agencia Tributaria, según se desglosa de la documentación entregada al juez que instruye el caso.