El empresario minero asturiano Rodolfo Cachero Pereda ha sido condenado por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Asturias a 80 meses de prisión en virtud de ocho penas de diez meses cada una por otros tantos delitos contra la Hacienda Pública en la gestión de la compañía de su propiedad Coto Minero Jove (Jovesa) entre 2002 y 2004.
La sentencia reduce la pena que le había sido impuesta por los mismos motivos el 26 de febrero de 2016 en primera instancia (entonces había sido condenado a un año de prisión por cada uno de los delitos) al estimar el atenuante de dilación indebida en el proceso. El fallo no es recurrible, según establece la resolución, por lo que se ejecutará la orden de ingreso en prisión. En aplicación del Código Penal vigente, y como ya había hecho hace un año la sentencia del juzgado de lo penal número 3 de Oviedo, el tiempo efectivo de permanencia en prisión no podrá exceder de 30 meses: el triple de la mayor de las penas impuestas.
Según la resolución judicial de la Audiencia, la condena es "firme" y contra ella "no cabe recurso ordinario alguno". En medios judiciales se aseguró que "por lo tanto, no puede ser recurrida al Supremo". Pero en el entorno del empresario se aseguró que su defensa sopesa la posible presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para conciliar jurisprudencia. Según medios judiciales, el empresario, que ya cumplió pena de prisión en el pasado por otro delito tributario, sólo podría demorar (pero no evitar) el ingreso en la cárcel durante algunos meses mediante recursos contra la ejecución del fallo pero no contra la condena.
La resolución, conocida ayer, condena también al empresario a ocho multas (una por cada delito) por un importe total superior a los 3,75 millones de euros (equivalentes a la mitad de la cuota tributaria defraudada al fisco en IVA e IRPF) así como a la pérdida del derecho a percibir ayudas o subvenciones públicas y a la privación del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
El fallo de la Audiencia ratifica también la condena al entonces administrador único de Jovesa, Manuel José Fano Méndez, como autor de los delitos contra la Hacienda Pública y por los que debe responder como cooperador necesario, aunque también le aplica la atenuante de dilación indebida, considerada por el tribunal como muy cualificada. Por ello, Fano, que había sido condenado en primera instancia a dos años de prisión, lo es ahora a un año (seis meses por cada delito), así como a dos multas por un importe conjunto de algo más de 544.160 euros, equivalentes a la mitad de la cuantía de la cuota defraudada a la Agencia Tributaria por IRPF e IVA en el año 2004.
Como en el caso de Cachero, la sentencia, de la que fue ponente la magistrada presidenta de la sección, Covadonga Vázquez Llorens, condena a este directivo a la pérdida de los derechos a percibir ayudas o subvenciones públicas e incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un año y medio por cada delito.
De no abonar las multas que les han sido impuestas, los dos condenados deberán hacer frente a penas de cárcel adicionales de tres meses de prisión por cada sanción que no satisfagan.
El fallo de la Audiencia, que reduce ligeramente la condena a los dos procesados, se produce tras estimar el tribunal parte del recurso de los condenados contra el fallo de primera instancia (la invocación de la atenuante de dilación) y tras rechazar los magistrados el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal.
En 2000, Cachero ya fue condenado por el juzgado de lo penal número 2 de Oviedo a cuatro años y ocho meses de prisión y al pago de más de 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros) por cuatro delitos de fraude fiscal cometidos entre 1993 y 1996, cuando era gerente de Jovesa. Entonces, su ingreso en prisión fue suspendido, a petición del condenado, tras un recurso de amparo que interpuso ante el Tribunal Constitucional por supuesta violación de derechos fundamentales durante el proceso judicial que lo condenó. En noviembre de ese año, el Juzgado de lo penal número dos dictó orden de detención del empresario, que concluyó con su ingreso en prisión.
Cachero ha tenido actividad en diversos sectores tanto en Asturias como fuera de la región. Ahora sigue vinculado, entre otros, a la minería de carbón como propietario de Compañía Minera Astur Leonesa, adjudicataria de la explotación en Cerredo de la antigua Coto Minero Cantábrico, que fue propiedad del empresario minero leonés Victorino Alonso.
