España tiene 355.000 personas ocupadas más que hace cinco años y la tasa de paro (18,63%) ha descendido en casi cuatro puntos en ese mismo plazo. Si el examen de lo que ha ocurrido en el primer lustro de vigencia de la reforma laboral (aprobada por el primer Gobierno de Mariano Rajoy el 10 de febrero de 2012) repara únicamente en esos dos datos el resultado se arrima a las posiciones del PP y de la patronal CEOE: la reforma habría contribuido a frenar la destrucción de empleo durante la recesión y a crearlo en cuanto el país retornó al crecimiento económico. Si se consideran los niveles de temporalidad de la contratación de ahora (superiores a los de 2011), el aumento del empleo a tiempo parcial no deseado o el impacto inducido en los salarios (pérdida acumulada de 4,4 puntos de poder adquisitivo en el sueldo medio bruto), el balance se aproxima a las tesis sindicales: la reforma habría sido una máquina de precariedad laboral.
¿Cómo ha evolucionado el mercado laboral asturiano desde que cambiaron las reglas en 2012? Asturias aún no ha conseguido tener más personas ocupadas que hace cinco años. Según la Encuesta de Población Activa, hay 15.000 empleos menos que en el año anterior a la reforma (2011). Y según los registros de la Seguridad Social, hay 22.000 cotizantes menos que entonces. Entre finales de 2011 y de 2013, en medio de la segunda y profunda recesión de la crisis, Asturias perdió casi 20.000 puestos de trabajo estando la reforma laboral ya en vigor. En los años siguientes, con la economía ya creciendo, ha recuperado parte (17.000 según la EPA y 9.000 conforme a la Seguridad Social).
Crisis y recuperación. En 2012, el Gobierno redujo el coste del despido (extendiendo la indemnización de 33 días de salario por año trabajado), removió obstáculos para aplicar la modalidad más barata (20 días de salario por año) simplificando la acreditación de las causas objetivas y suprimió la autorización administrativa en los expedientes de regulación de empleo (ERE) y, con ello, en cierta medida la intervención política en los procesos de ajuste de las empresas. Esos mecanismos "abarataron y facilitaron el despido hasta niveles inauditos", según una expresión del secretario general de CC OO en Asturias, Antonio Pino.
"Si hubiéramos tenido antes la reforma laboral se habrían perdido menos empleos. Vino a cubrir un déficit que tenía la regulación laboral en España, a reducir las rigideces que se encuentran las empresas para ajustar plantillas cuando es necesario por las condiciones de mercado; en la medida en que la reforma acercó la legislación a la realidad de las empresas, los resultados han sido favorables", replica Alberto González, secretario general de FADE. Su tesis es que, aún habiéndose producido a corto plazo y en medio de la recesión un gran número de despidos, la "sangría" habría sido mayor sin la reforma. "Contribuyó a salvar empresas que hoy están creando empleo", añade.
Asturias se enganchó al crecimiento económico y al aumento neto del número de afiliados a la Seguridad Social que llegó entre finales de 2013 y principios de 2014. Al igual que España, aunque con velocidades menos intensas, el número de ocupados aumentó incluso con avances de producto interior bruto (PIB) muy modestos, inferiores al 1% interanual en Asturias y sólo ligeramente superiores en España. Era algo inédito en las crisis anteriores y también en los períodos de bonanza. Por lo común, el país necesitaba crecimientos del PIB superiores al 2% para obtener ganancias netas de empleo.
Devaluación interna. El Gobierno atribuyó ese cambio a los efectos benéficos de la reforma laboral, que también había sido el instrumento principal del proceso de devaluación interna (reducción de salarios y precios) que España, al igual que el resto de países del Sur, puso en marcha bajo el control de Europa para recuperar competitividad y buscar en la demanda exterior uno de los anclajes para salir de la espiral recesiva. En ausencia de capacidad nacional para devaluar la moneda (atribución transferida en exclusiva al Banco Central Europeo, desde la entrada en el euro), se tomó el camino de la devaluación de costes, mucho más doloroso. Los sindicatos y los economistas críticos con las políticas neoliberales asocian así el repunte del empleo (más bien, según ellos, el "reparto" del trabajo ya existente) a la reducción de los salarios y precarización resultante de combinar la influencia misma del altísimo paro en el mercado laboral y las transformaciones que experimentó la negociación colectiva con la reforma.
La ley de 2012, además de facultar a las empresas para descolgarse con relativa facilidad de los convenios colectivos y para ajustar sueldos y jornadas de trabajo en momentos de crisis, modificó los equilibrios de poder entre empresarios y trabajadores en las mesas de negociación en favor de los primeros. Se determinó la preeminencia del convenio de empresa sobre el de sector y se intentaron otras medidas potentes para inclinar la balanza hacia la parte empresarial. Aunque en la práctica los tribunales esterilizaron una de las medidas de mayor enjundia: la limitación de la llamada "ultraactividad" de la vigencia de los convenios, que sobre el papel suponía que los trabajadores se arriesgaban a perder derechos (salariales y otros) si, transcurrido un año desde el vencimiento del último acuerdo, no se alcanzaba uno nuevo.
"Bajo los falsos objetivos de creación del empleo y de estabilidad laboral con que justificó el Gobierno su puesta en marcha, en la reforma laboral se escondía una clara intencionalidad de debilitar las relaciones laborales, los intereses y los derechos de los trabajadores", sostiene la dirección de UGT que en Asturias lidera Javier Fernández Lanero. La patronal FADE asume que efectivamente las empresas ganaron capacidad de actuar, "pero no para hacerlo de forma aleatoria", precisa Alberto González. "La flexibilidad es posible sólo cuando se produce una situación objetiva", subraya el directivo en alusión a que únicamente cuando el empresario acredita una situación de dificultad puede disponer unilateralmente cambios en las condiciones de trabajo.
Temporal y a tiempo parcial. "El resultado de la reforma laboral ha sido una precarización brutal del mercado de trabajo y el aumento vertiginoso del número de trabajadores pobres, también en Asturias", denuncia Antonio Pino (CC OO). Los números dan cuenta de cómo la dualidad del mercado de trabajo entre empleados fijos y temporales ha aumentado tras la reforma laboral, cuando en el preámbulo de la ley se indicaba que estaba pensada para ayudar a corregir esa peculiaridad del mercado laboral español. "Mantenemos una tasa de temporalidad de casi el 25%, mucho más elevada que el resto de nuestros socios europeos (14% de media entonces)", rezaba el texto.
En Asturias, la proporción de asalariados con contrato temporal sobre el total es ahora del 25,9%, frente al 24% de 2011 y el 22,9% de 2012. Con casi 50.000 trabajadores menos que en 2008, el pasado año se firmaron en Asturias 40.000 contratos eventuales más que entonces, según datos recopilados por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei). Es una evidencia de que tales contratos tienen una duración media significativamente inferior a la que se daba antes de la crisis.
Asturias está en máximos históricos de oferta de trabajo temporal (305.000 contratos en 2016) y también de empleo a tiempo parcial. La reforma laboral estimuló esta forma de contratación con jornada reducida al levantar las restricciones a la realización de más horas de las pactadas. Mantuvo la limitación de las horas extra (más caras) y abrió alternativamente paso a la generalización de las llamadas horas complementarias (con menor coste y concertadas entre el trabajador y el empresario).
Las encuestas dicen que la gran mayoría de ese empleo a tiempo parcial es "no deseado" por el trabajador, al contrario de lo que ocurre en aquellos países donde, como en Holanda y los nórdicos, el trabajo con jornada reducida ha sido una solución eficaz para la conciliación de la vida laboral y para reforzar las rentas de los hogares. En España y Asturias, donde la versión nacional de los "miniempleos" ha pasado de representar el 11,8% de la ocupación en 2011 a cerca del 15% en 2016, esta modalidad está engrosando el "precariado" con "trabajadores pobres", denuncian UGT y CC OO. Nunca antes en la región se habían alcanzado, como ocurrió el pasado año, los 130.000 contratos a tiempo parcial, más habituales entre las mujeres (85.000), pero también en niveles récord para los varones asturianos (45.000).
Es, consideran los sindicatos, una de las manifestaciones diáfanas de los efectos de la reforma laboral sobre la calidad del empleo. Para las empresas la explicación tiene otro alcance, causas más profundas. Según esta tesis, el empuje del trabajo por horas y con el mayor nivel de flexibilidad posible no es en sí fruto de la regulación del mercado de trabajo, sino de los cambios en los procesos de producción, de las necesidades que impone el acceso a nuevos mercados y en cierto modo también de la preferencia personal de una parte de los asalariados. Cambios que perdurarán y se acentuarán. Alberto González, director general de FADE, lo resume así: "El empleo a tiempo completo y para toda la vida se acabó".
