La defensa del ex secretario general de UGT en Asturias, Justo Rodríguez Braga, considera que su detención en el caso de los cursos de formación del sindicato fue "ilegal" y ha solicitado en la Delegación del Gobierno en Asturias que se le informe sobre el responsable del operativo para poder actuar "frente a quien proceda".
En el escrito presentado por el abogado Francisco Alonso -que además de a Justo Rodríguez Braga defiende a la ex secretaria de administración de UGT de Asturias Carmen Caballero- se afirma que las detenciones de seis dirigentes y trabajadores del sindicato el pasado 17 de enero "han de reputarse ilegales" porque "no existe orden judicial ni petición del ministerio fiscal alguna relacionada con las mismas" según la documentación de los autos. El escrito señala que "decae por tanto la afirmación que en los medios realiza el señor Delegado del Gobierno Gabino de Lorenzo en el sentido de que la Fiscalía Anticorrupción las había ordenado".
Según la defensa de Rodríguez Braga, "los guardias civiles debieron limitarse a citar a quienes indebidamente detuvieron para que, en sede judicial, más correctamente, o en dependencias policiales -pero sin llevarlos detenidos a la fuerza- presentaran declaración y solamente en el supuesto de que no acudieran -o si concurrieran motivos racionales para presumir que no lo harían- la detención estaría justificada".
El abogado Francisco Alonso apunta que "no resulta aventurado suponer que los agentes actuantes no lo hicieron por iniciativa propia, sino que hubo de mediar un acuerdo, una orden, una dirección superior, responsable de su actuación" y por ello el escrito que presentó el letrado en Delegación del Gobierno "se encamina a conocer dichas circunstancias con objeto de actuar, en su caso, de la forma pertinente en defensa de sus derechos y frente quien proceda".
Por otro lado, la jueza que instruye el caso del presunto fraude en los cursos de formación de UGT de Asturias ha comenzado a solicitar testificales de personas a las que ya había interrogado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante su investigación.
