El mecanismo puesto en marcha por el Gobierno para que los bancos devuelvan el dinero cobrado de más por las cláusulas suelo sin necesidad de acudir a los Juzgados comenzó esta semana en Asturias con timidez y con muy poco movimiento de afectados en las oficinas financieras. Al mismo tiempo, los tribunales se están preparando y orientando sus recursos para recibir una presumible avalancha de demandas para que sean los jueces los que obliguen a los bancos a hacer los reembolsos cuando la cláusula sea considerada y opaca abusiva, según las reglas de la Justicia europea. El trajín de pleitos podría desembocar en la creación de un Juzgado especializado en estas causas en Asturias.

Esta semana acabó el plazo que había dado el Ejecutivo para que los bancos se prepararan y organizaran sus recursos para tramitar las devoluciones, que se preveían masivas. Para eso, muchas oficinas cuentan desde hace unos días con unos formularios estándar en los que se solicita información sobre el cliente y su relación con la entidad, con el objetivo de que el departamento de análisis de cada banco estudie el caso. Hay un plazo de tres meses para que la entidad dé una respuesta al afectado.

Aunque el proceso va por barrios. Trabajadores asturianos del sector señalan que hay algunas entidades que están siendo más proclives que otras a tramitar las devoluciones. "No está siendo algo homogéneo", destaca un sindicalista. Algunas ni siquiera tienen los formularios listos en las oficinas y, en su lugar, dan a los clientes una dirección de correo electrónico para que realicen su reclamación.

Tampoco es uniforme la forma en la que se informa a los clientes afectados. El decreto aprobado hace un mes por el Gobierno que regula este mecanismo extrajudicial establecía que las propias entidades tenían que avisar a los afectados. Los caminos por los que están cumpliendo con esta norma son muy diversos. Por ejemplo, Caja Rural de Asturias ha enviado una carta personalizada a cada uno de los que tenían cláusulas suelo en su préstamo. Otros bancos se han limitado a poner un anuncio en su página web y carteles en las oficinas, pero esto último casi ninguno.

Fuentes de las entidades financieras en Asturias señalaron que, pese a la apertura de este procedimiento, "ha habido menos movimiento" que otras semanas en las oficinas.

Con este escenario, los Juzgados se preparan para una oleada de demandas. El Consejo General del Poder Judicial ha anunciado la creación de unos tribunales especializados que actúen como refuerzo y que eviten un colapso en el resto. Lo que se desconoce aún es cómo podría articularse en la región. Fuentes judiciales especulan con que uno de los Juzgados de primera instancia podría ser el elegido para centralizar este tipo de demandas.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha asegurado que el refuerzo de los tribunales irá en función de la carga de trabajo que se vaya registrando, para dar salida a este tipo de asuntos lo más rápidamente posible. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (TSJA) ha remitido un escrito al Ministerio de Justicia y a los grupos parlamentarios mayoritarios para pedir una solución "urgente y efectiva" con el fin de evitar que se colapsen los tribunales por estas reclamaciones.

Mientras todo se aclara, hay quien intenta sacar ilegalmente provecho de la confusión y las dudas de los afectados. La organización de consumidores FACUA ha denunciado ante la Fiscalía una estafa telefónica que utiliza la devolución del dinero de las cláusulas suelo como gancho. Según explica la asociación, los usuarios reciben una llamada en la que una locución habla en nombre de su banco para tramitar el reembolso del dinero e insta a llamar a una línea de tarifa adicional con prefijo 807. Tras marcar, suena una voz que dice que se trata de una supuesta empresa dedicada a gestionar reclamaciones y que empieza a hacer preguntas para alargar lo máximo posible la llamada. Es una estafa.

Además, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió de que algunas entidades financieras ofrecen una "información insuficiente" sobre los riesgos y los costes en la comercialización de productos financieros. El supervisor realizó por primera vez un ejercicio de visitar, de incógnito, a varias oficinas para recabar estos datos.