CC OO de Asturias ha denunciado este lunes públicamente que el debate sobre el impuesto de sucesiones "está generando un clima de malestar, que algunos usuarios están pagando, sin razón alguna, con el personal del Ente de Servicios Tributarios". Según el sindicato, "en alguno de estos casos se han pasado todos los límites tolerables llegando a las amenazas y a los insultos".

En una nota de prensa, la organización ha considerado "totalmente inaceptable que el malestar que se pueda tener con un determinado impuesto, se pague con el personal del Ente, que lo único que hace es cumplir con su trabajo y aplicar la normativa vigente. El nivel que han alcanzada estas amenazas está afectando gravemente a la salud del personal afectado".

También ha criticado "la postura tibia de la propia Administración para la que realizan sus funciones, que aún no tiene regulado un protocolo de actuación para estos casos, que dé amparo al personal afectado mediante la realización de acciones inmediatas, como la denuncia ante la policía del amenazador o acosador, así como la defensa legal por parte del Servicio Jurídico del Principado de Asturias".

"No es de recibo que a estas personas insultadas y amenazadas, la Administración les comunique que realicen la denuncia por su cuenta y a título personal, y que se limite a comunicar los hechos al Ministerio Fiscal a expensas de lo que éste órgano decida", considera CC OO.

Advierte además que "las declaraciones realizadas por la consejera de Hacienda (Dolores Carcedo) en las que señala que se han reorganizado y reforzado diversas Áreas del Ente de Servicios Tributarios han causado gran extrañeza ya que dichos cambios son hasta el momento desconocidos por el personal, que hasta el día de hoy está viendo aumentada su carga de trabajo con la misma plantilla y que ven cómo declaraciones como éstas les ponen a los pies de los caballos".

Por todo esto CC OO "ha solicitado la intervención de la Junta de Personal Funcionario y del Comité de Seguridad y Salud de la Consejería de Hacienda para que se inste a la Administración a la adopción de medidas que protejan a su personal de estos ataques injustificados, garantizando su seguridad, facilitándoles la defensa jurídica que puedan precisar y saliendo en defensa pública de su labor".