"Desconocía la existencia de un cártel (del hormigón) como tal", pero "sí que había un funcionamiento raro del mercado que nos pudo ayudar en determinados momentos", señaló ayer Marcos Fernández García, exsocio e ingeniero técnico en Hormigones Pelayo y exadministrador de Prefabricados Porceyo, ambas empresas vinculadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a un presunto cártel que habría funcionado durante 15 años, de 1999 a 2014, y por el que se ha multado a un total de 13 compañías.
Fernández -que en la actualidad es portavoz de Equo en Llanes, que fue hasta hace poco secretario de Política Social de CC OO y que anteriormente ejerció como presidente del comité electoral de Unidad Popular en Asturias- subrayó que dejó las empresas en 2007 porque no le gustaba "el mundo del hormigón ni la actitud de las empresas para con los clientes". Aseguró que entonces se desvinculó "por completo de ese mundo" y añadió que en la actualidad no tiene "actividad empresarial alguna ni trabajadores" a su cargo.
El hecho de que Fernández, portavoz de una formación ecologista y exdirigente sindical, aparezca relacionado con el supuesto cártel del hormigón ha generado sorpresa en Llanes dada su vinculación con movimientos de izquierdas -fue el número 2 en la lista de Equo a la Junta General del Principado por la circunscripción oriental en las elecciones de 2015 y el número 6 en la lista de Vecinos x Llanes en las municipales-. Fernández fue apoderado mancomunado y director de producción de Hormigones Pelayo entre 1999 y 2007 y administrador de Prefabricados Porceyo de 2003 a 2007. Un hermano suyo sigue al frente de la empresa. "No he ocultado mi pasado a Equo ni a nadie. Me siento orgulloso del mismo y de la relación que tenía con los trabajadores y con los clientes. Había un excelente ambiente de trabajo, que yo ayudaba a generar. He velado siempre por el bienestar de los trabajadores", señaló Fernández. El exsocio de Hormigones Porceyo defendió que el hormigón debe usarse "para lo que se tiene que usar", pero "llenar todo de hormigón es un disparate y mi defensa del medio ambiente y de otro sistema de producción está ahí", resaltó.
La resolución de la CNMC señala que Hormigones Pelayo "participó en el cártel de reparto de mercado y fijación de precios de suministro de hormigón en Asturias y alrededores desde 1999 hasta 2014". También se considera responsable a esta empresa de las actuaciones realizadas por Prefabricados Porceyo, ya que la absorbió en 2010. La CNMC intervino diversa documentación que apunta a la supuesta participación de un total de 14 empresas en el presunto cártel organizado para pactar precios y repartirse las obras. Trece de esas empresas han sido sancionadas. En el caso de Hormigones Pelayo, la multa impuesta por Competencia asciende a 103.365 euros.
Fernández implantó en la empresa familiar un sistema de reciclaje de restos de hormigón que resultó rentable. "El hormigón es algo que en determinado momento se tiene que gastar; otra cosa es el disparate de estos años de hacer obras sin ton ni son", añadió.
