La multinacional siderúrgica Arcelor-Mittal anunció ayer que recurrirá la sanción medioambiental de más de 1,5 millones acordada el pasado viernes por el Consejo de Ministros a propuesta de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la contaminación de aguas. Además, la compañía alega que ya llevó a cabo todas las obras necesarias para conducir los vertidos de la factoría de Avilés al denominado colector industrial de la margen derecha de la ría de Avilés, que aún no está en servicio y acumula más de cinco años de demoras.

El Consejo de Ministros ratificó el vienes una multa de un millón de euros a Arcelor-Mittal por vertidos contaminantes al río y falta de controles. Es la sanción máxima que permite la Ley de Aguas y se estableció dada la grave repercusión de los vertidos, la reiteración -es el cuarto expediente sancionador similar que acumula la compañía en Asturias- y los beneficios obtenidos por la multinacional. Además, el Gobierno obliga a Arcelor-Mittal a indemnizar con otros 573.048 euros a la Administración por lo daños causados por las aguas residuales procedentes de la actividad industrial de la fábrica de Avilés en los concejos de Carreño, Corvera y Gozón.

La propuesta de sanción partió de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que abrió expediente a Arcelor-Mittal en marzo de 2016 como resultado de los controles que realizó la Guardería Fluvial entre enero y octubre de 2015 y de una denuncia presentada por la Guardia Civil a raíz de un vertido en el río Llongas. En el pliego de cargos se destacaba que las instalaciones de Arcelor-Mittal en Avilés habían cometido dos incumplimientos de la autorización ambiental integrada que le había otorgado el Principado de Asturias. El primero de ellos se refería a la superación de los valores límite de emisión en dos puntos de vertido. En concreto se acreditó la presencia de "sustancias peligrosas no autorizadas" como triclorometano, fluoranteno, selenio y fluoruros. Y el segundo de los incumplimientos se refería a la falta de control en dos puntos de vertido autorizado, lo que no permitía la labor de inspección y toma de muestras de los vertidos tras el paso por las instalaciones de depuración.

Fuentes de Arcelor-Mittal señalaron ayer que la multinacional recurrirá la sanción impuesta por el Gobierno y que suma más de 1,5 millones de euros. Durante la tramitación del expediente, la compañía siderúrgica ya presentó hasta en dos ocasiones alegaciones. Destacaba que la presencia de cloroformo (triclorometano), como elemento más peligroso de los vertidos, se atribuía a las purgas de las torres de refrigeración de la planta de Avilés.

Salud de los trabajadores

La compañía afirmó que utiliza para esas operaciones agua clorada o agua procedente de pantano que tras el tratamiento que se lleva a cabo para cumplir la legislación sobre legionella produce cloroformo. Son tratamientos impuestos para prevenir riesgos en la salud de los trabajadores, alegó la compañía, que también señaló que los valores límite en cuanto a cloroformo y selenio son más restrictivos que los que establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Arcelor-Mittal destacó también que ya en 2007 se modificó el proyecto de conexión de la fábrica al colector industrial de Avilés para recoger también los flujos de purgas de las torres de refrigeración y que las obras necesarias "están finalizadas y en situación de autorización para la conexión efectiva".

De momento el colector industrial de Avilés no está operativo y la propia Arcelor-Mittal consiguió el pasado octubre en los tribunales un plazo extra de tres meses para conectarse a la tubería. La multinacional argumentó que necesitaba más tiempo para que las aguas que vayan al conducto "cumplan los parámetros de la Autorización Ambiental".