Tras abandonar la presidencia de Bankia en 2012, Rodrigo Rato, exministro de Economía, dijo en el Parlamento que la fusión de Caja Madrid con Bancaja y otras cinco cajas de ahorro en 2010 fue una operación inducida bajo presiones, en alusión al Gobierno de Rodríguez Zapatero y al Banco de España, dirigido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Pero el actual ministro, Luis de Guindos, intentó disuadir entonces a su exjefe Rato de la operación y el intento fue vano: el presidente de Caja Madrid estaba convencido de la conveniencia de la fusión porque, según le dijo a De Guindos, "necesitaba ganar tamaño para mejorar el balance".
La salida a Bolsa de Bankia en 2011, que acabó en fracaso y en el rescate de la entidad, ha llevado ante los tribunales a Fernández Ordóñez, que el próximo jueves declarará como investigado en el "caso Bankia", y a otros responsables del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de la época. Se trata de saber si los organismos reguladores y supervisores consintieron en una colocación pública de acciones a sabiendas o no de que la entidad era insostenible y de que estaba abocada a ser rescatada con dinero público y con daño para accionistas y preferentistas.
Las fusiones. Las fusiones bancarias y de cajas y las salidas a Bolsa de entidades financieras formaron parte de un mismo plan de recapitalización del sector. Afectó mayoritariamente a antiguas cajas pero también a algunos bancos totalmente privados que tuvieron que ser absorbidos por otros mayores y que ya cotizaban. Es verdad, como dijo Rato, que hubo "sugerencias", "indicaciones" y sutiles "invitaciones" desde el Gobierno y sobre todo desde el Banco de España. También se las podría llamar presiones. Es tan evidente que eso fue así como que ningún grupo bancario se quedó al margen del proceso de concentración. Todas las entidades consideradas "sanas" tuvieron que quedarse con alguna "manzana podrida" o con varias. Sólo se libró parcialmente de ello el Santander (absorbió a Banesto, pero ya era una entidad participada) y Banca March. Incluso los más renuentes y que más se resistieron (Unicaja e Ibercaja) acabaron contribuyendo a la concentración del sector y al salvamento de entidades con problemas. Las presiones existieron pero no fueron determinantes en quién se casaba con quién. Es evidente que el Banco de España intentó impedir que Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria expulsaran de su fusión a CAM en febrero-marzo de 2011 y les recriminó por "no haber sido valientes" para seguir adelante, pero cuando Rato dijo que hizo su fusión porque se la impusieron, Ordóñez le replicó que podía haberse negado como hizo Cajastur con CAM. Hubo, de hecho, más casos de renuncias, como la de Unicaja con CCM. La política de concentración la acometió el PSOE -y luego el PP- mediante leyes y decretos regulatorios que abocaban a la integración mediante un juego de incentivos a quienes se unieran y de penalizaciones a quienes optaran por seguir en solitario. La idea era replicar el modelo que se siguió con las macrofusiones bancarias de 1988-1999, inspiradas en el "Informe Revell", de 1987. Los bancos sanos se quedaron con los débiles y los débiles que se unieron para intentar sobrevivir de forma autónoma (caso del Central e Hispano) acabaron finalmente fagocitados. Con las cajas ocurrió lo mismo entre 2009-2012: las fusiones débiles sobrevivieron pocos meses.
El camino de la Bolsa. Las salidas a Bolsa también fueron incentivadas desde el regulador. Aún hoy está vigente una penalización impuesta por la ley de cajas y fundaciones bancarias del PP por la que los bancos en el que las antiguas cajas no reduzcan su posición por debajo de la mayoría absoluta dando entrada a capital privado tienen que constituir fondos -cuya dotación es disuasoria para muchas entidades- para cubrir eventuales insolvencias futuras. Esta norma no existía en 2011 cuando Bankia decidió salir a Bolsa. Pero sí existía ya el dirigismo desde los reguladores españoles y europeos (BCE) para que las antiguas cajas se constituyeran en bancos y para que, una vez dado este paso, se abrieran al capital privado con el fin de someterse a la "disciplina del mercado" y para que, en caso de nuevas necesidades en el futuro, pudieran captar capital en bolsa sin acudir a las ayudas públicas. José María Aznar, presidente de la fundación Faes, también defendió esta opción en Valencia el 3 de febrero de 2011. Todos estos condicionantes empujaron la salida a Bolsa de Bankia. Pero, de ellos, el factor determinante en su caso fue la urgente necesidad que tenía la entidad de reforzarse. El grado de solvencia de una entidad financiera no es una realidad estática, sino dinámica, y depende de tres factores: su situación intrínseca (resultados, deterioros de balance, índice de mora, fallidos, coberturas, ratio de capital en relación los activos de riesgo, dotaciones, etc.), la evolución del contexto económico y la normativa regulatoria. A comienzos de 2011 Bankia tenía una situación vulnerable (porque éste era el estado dominante en las siete cajas fundadoras), el ciclo económico había mejorado (se había salido de la primera recesión en 2010) pero de forma insuficiente y el Gobierno de Zapatero (como luego hicieron el de Rajoy y la normativa europea) aumentó la exigencia de capital. Esta decisión fue definitiva: el aumento de los requerimientos agravó la insuficiencia de Bankia. De hecho, Rato anunció la salida a Bolsa el mismo día (31 de enero de 2011) y en el mismo acto en el que criticó la decisión gubernamental. Por lo tanto, parece obvio que la salida a Bolsa fue un intento de apelar al mercado para captar capital. Y en ese sentido la decisión fue bien vista por las autoridades en la medida en que satisfacía una aspiración general de los reguladores sobre la totalidad del sector y porque ello, de haber tenido éxito, hubiese exonerado al sector público (con las primas de riesgo al alza en el sur de Europa) de acudir al rescate millonario de Bankia. Fue por ello que Rato calificó la salida de Bankia a Bolsa como "estratégica" para España.
El fracaso del plan. El plan empezó a fracasar porque Bankia no logró en la colocación de acciones todo el capital que pretendía: los inversores institucionales, sabedores de la debilidad de Bankia y reticentes sobre las economías española y europea, exigieron precios más bajos. Un inspector del Banco de España, José Antonio Casaus, envió varios correos electrónicos a sus superiores, que fueron desoídos, y según el cuales Bankia estaba abocado al fracaso por la debilidad estructural de las siete entidades fundadoras. Lo que los tribunales tienen que dirimir ahora, tras haber imputado a los reguladores y supervisores de la época, es si ese testimonio, que no fue tomado en cuenta, era una apreciación razonable pero discutible -y sujeta a error si el resto de factores hubiesen evolucionado de forma favorable-, o si se trataba de un diagnóstico infalible que fue silenciado con dolo. Un informe pericial realizado tras el desastre de Bankia por dos peritos del Banco de España a petición del juez Fernando Andreu concluyó en 2014 que Bankia había maquillado y manipulado sus cuentas antes de salir a Bolsa y que su balance y cuenta de resultados no reflejaban la realidad contable.
